El retraso de la jubilación y las soluciones interesadas

Paulu Lobete
| 07.12.2011

Tras la reforma del sistema de pensiones aprobada por el PSOE con el acuerdo de CCOO y UGT el pasado 21 de julio, solo los trabajadores que hayan cotizado 38.5 años podrán recibir una jubilación completa a los 65 años, mientras el resto deberá esperar hasta cumplir los 67 y haber cotizado 37 años para recibir la pensión íntegra.

En este artículo me propongo esbozar algunas de las caras ocultas de la reforma, a partir de los argumentos que sus partidarios, y los medios de comunicación a su servicio, han vertido para justificarla.

El Economic Policy Institute (EPI) de EEUU argumentó en su informe “Beyond Normal: Raising the Retirement Age is the Wrong approach for Social Security”, cómo la reforma del sistema de pensiones en los Estados Unidos perjudica especialmente a las clases populares y su impacto sobre la viabilidad del sistema público es más reducido que si se planteara en otros términos. La cuestión, como en otros ámbitos, es si se deben ajustar las políticas sociales a través del aumento de ingresos o de la reducción de gastos.

El problema compartido entre los EEUU, Cantabria, y cualquier otro contexto económico del mundo occidental, es que las rentas de capital han crecido mucho más rápido que las rentas de trabajo, que son las que contribuyen a mantener el sistema público de pensiones. Además, dentro de las rentas de trabajo, se ha producido una polarización cuyo resultado ha sido el aumento de las rentas más altas y el estancamiento o incluso reducción de las rentas bajas, además del aumento de las rentas “en negro”. Cuando los salarios son más bajos, la cotización a la seguridad social se reduce en consecuencia. Para acabar de liar el asunto, el sistema de cotizaciones en el Estado español es regresivo; es decir, las rentas más altas pagan proporcionalmente menos que las bajas. Por ahí empiezan a vislumbrarse posibles soluciones que, desde luego, no son del interés de quienes más tienen.

Pirmide_2011Como afirma Juan Antonio Fernández Cordón, demógrafo y economista, admitiendo que pueda dar un aumento futuro de la población mayor por la mayor esperanza de vida, esta solo es responsable de aproximadamente el 16% del crecimiento de la población de 65 o más años de aquí a 2049. Lo relevante en el aumento de la población mayor es el envejecimiento de las generaciones nacidas en Cantabria entre los 50 y finales de los 70, cuando existía una tasa de fecundidad bastante más elevada que en la actualidad, como podemos observar en la pirámide de población de Cantabria en 2011. El índice de envejecimiento de la población cántabra se sitúa en el 135,3%, más alto que la media del Estado 106’6%, y sólo superado por Galicia, País Vasco, Asturias y Aragón. Este índice muestra la relación entre la población mayor de 64 años y la menor de 16, sin tomar en cuenta las generaciones entre ambas.

Pero en la reforma se interpreta que el sistema se vuelve sostenible porque aumenta la cotización (porque las personas trabajan dos años más) y porque se reduce el gasto (cobran la jubilación dos años menos). La primera de las dos cuestiones no es más que una enorme falacia. Para que aumentaran los ingresos, es decir, las cotizaciones, a partir de los dos años de trabajo más que estamos obligados a realizar para cobrar la pensión completa (no es la única condición), deberían generarse en Cantabria más de 2.000 nuevos puestos de trabajo, para que la cotización de los mayores no restase a la cotización de los jóvenes. El paro contribuye entonces, como se puede suponer, a la futura insostenibilidad del sistema de pensiones mucho más que el envejecimiento de la población.

La reducción del gasto es real, claro, puesto que se paga un 9’77% menos a cada persona, dos años menos, tomando en cuenta que la media en Cantabria de vida a partir de los 65 es de 20’47 años. Además de reducirse el gasto porque se pagan menos años, se paga menos, al exigir una cotización de al menos 37 años si te jubilas a los 67 y de 38’5 si pretendes jubilarte a los 65. Una persona que se jubila a los 65 habiendo cotizado 35 años, perderá un 1% de su pensión por cada año que ha cotizado de menos, y un 12% por jubilarse dos años antes. En definitiva, que nadie se engañe, es prácticamente imposible cotizar tanto (teniendo en cuenta que el 93,42 % de los contratos en Cantabria son temporales, sin hablar del trabajo sin contrato: una realidad cotidiana).

El problema es que la reforma del sistema de pensiones se hace además en términos de potencialidad. Se hace porque algo puede ocurrir, pero no porque esté ocurriendo. De repente, la mente de más de uno se llenó de responsabilidad demográfica y se propusieron arreglar algo veinte años antes de que ocurra, y además, hacerlo desde una perspectiva muy concreta: la de los intereses del mercado. Es insultante que se esté utilizando un supuesto problema demográfico para justificar recortes. Qué sistema es éste, en que el aumento de la esperanza de vida la gente se considera un problema.

La propuesta es clara. En este sistema económico, la única forma de mantener el sistema de pensiones es reduciendo la brecha entre rentas de capital y de trabajo, aumentando la presión fiscal sobre las rentas más altas, reduciendo el desempleo, aumentando los salarios y aumentando la inversión de dinero público en el sistema. Es necesaria una fiscalidad progresiva y no regresiva, que obligue a las rentas más altas a cotizar más. Es necesario más autogobierno, para poder adaptar las medidas en ese sentido a nuestro contexto económico, que es occidental, capitalista, pero también es cántabro y, por ello, tiene unas características propias. En cualquier caso, no hay que dejarse engañar, la vía que propongo no es más que un pequeño escalón que deberíamos superar y olvidar si conseguimos llegar a un modelo económico donde afortunadamente no tengamos que hablar en estos términos.

 

[Paulu Lobete es estudiante de Sociología en la UPV]

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