El Ministerio de Medio Ambiente en Cantabria

Emilio Carrera (Miembro de Ecologistas en Acción)
| 03.02.2014

En pleno temporal el ministro de Agricultura, Alimentación (y Medio Ambiente no lo olvidemos) llega a Cantabria, se come unas anchoas,  convence a todo el mundo de las exigencias ambientales sobre el fracking, canta las excelencias de la PAC y del reparto de las cuotas de pesca, anuncia la conclusión de la Autovía del Agua para 2015 y, con las mismas, se marcha a tratar de encabezar las listas de su partido al Parlamento europeo para garantizar, si cabe con más rigor y eficacia, el desarrollo sostenible que ya ha alcanzado en nuestro país.

Una pena, desde luego, su fugaz presencia y sin tiempo para  recrearse y recrearnos más en detalle sobre, por ejemplo, los impactos de la contrarreforma de la Ley de Costas en nuestra región y la mayor exposición a los daños y perjuicios del cambio climático –sobre el cual, por cierto,  sigue sin dar noticia alguna de sus aportaciones o propuestas en la pasada Conferencia de Varsovia–, la subida del nivel del mar y la ausencia de un programa de restauración integral y de corrección de las agresiones sobre los valores ambientales y el paisaje del litoral de Cantabria con la aplicación sistemática de los principios de precaución y prevención para evitar lo que ese temporal le puso delante de sus propios ojos en el Puntal de Laredo, en Castro Urdiales, en La Magdalena, en el entorno del cabo de Ajo, en la ría de Suances, en Oyambre, Merón y San Vicente de la Barquera, en Tina Mayor y Tina Menor…., empeñado, eso sí, en seguir tolerando las ocupaciones de la franja marítimo-terrestre, las interferencias y enredos en las sentencias definitivas de demolición de viviendas o de la Vuelta Ostrera, los rellenos de marismas y zonas húmedas litorales, la degradación o desmantelamiento de los sistemas dunares, la localización de infraestructuras viarias, asentamientos, muelles, puertos deportivos, paseos, espigones o macrodepuradoras en los lugares más inadecuados…, y descartar, por el contrario, su retranqueo generalizado para  respetar la dinámica costera y flexibilizar o amortiguar  su contacto  en los grandes temporales y los altos coeficientes de marea.

Un balance de política ambiental que no debe ocultar, siguiendo sus supuestos logros, las dimensiones depredadoras de la PAC y su apuesta por los agronegocios de los grandes propietarios y empresas del sector; los afanes privatizadores en la gestión de la Autovía del Agua y el trasvase Ebro-Besaya después de la cuantiosa inversión pública y  los seguros beneficios para sus adjudicatarios del mercado cautivo del agua; el despilfarro de sus obsesiones por los encauzamientos salvajes de los ríos  y el destrozo de los ecosistemas fluviales convertidos en puros canales de desagüe, ignorando sus trazados meandriformes, y aumentando los potenciales riesgos de brechas e inundaciones más desastrosas todavía, dentro de los conflictos de competencias entre la Administración Central, el gobierno autónomo y los Ayuntamentos que siguen aplazando el proyecto LINDE, la delimitación exigente del Dominio Público Hidráulico  y los Planes de Restauración Integral de Cauces y Riberas.

Resulta, también muy expresivo el doble lenguaje de quien habla de estrictos requerimientos ambientales para el fracking cuando su contrarreforma de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental está vaciando de contenido su capacidad de intervención, control y  seguimiento sobre esta y otras iniciativas en la explotación de recursos energéticos o mineros;  de quien no ha dicho ni palabra sobre los perjuicios que ha supuesto la eliminación de las primas a las energías renovables en beneficio del oligopolio eléctrico o el silencio absoluto sobre el despilfarro de recursos y la presión sobre la huella ecológica que supone construir o mantener el funcionamiento de aeropuertos, AVE,s o autovías  completamente deficitarios, infrautilizados o que no van a ninguna parte; o de un Ministerio que, por ningún lado, se ha pronunciado sobre una LOMCE que desprecia a la Educación Ambiental, la impregnación transversal de los curriculums de las asignaturas en todos los niveles de enseñanza o la ejemplaridad ecológica que debería exigírseles a las Administraciones Públicas.

Por no hablar desde luego de un Gobierno que está a la cabeza del número de infracciones ambientales y de incumplimientos de las Directivas-Marco de la Unión Europea sobre Agua, Residuos o Hábitats y Especies Amenazadas: de Convenios como el de Ramsar sobre conservación de zonas húmedas, de Aarhus sobre la Información y la Participación Ciudadana en materia ambiental o el de Florencia sobre el Paisaje:  de Protocolos como el de Kyoto con España –y Cantabria con su clandestina Oficina de Cambio Climático– a la cola en los objetivos de reducción de CO2, ahorro y eficiencia energética, y la sustitución de combustibles fósiles y centrales nucleares por energías renovables.

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