El miércoles 1 de abril trabajadores de las obras de ampliación del hospital de Viña del Mar ingresaron a las oficinas de la constructora OHL para expresar su malestar porque la empresa incumplió un acuerdo de indemnización en medio de movilizaciones y demandas generalizadas por mejoras salariales y contractuales. Durante este acto de protesta tres trabajadores intentaron destruir la oficina y quemarse a lo bonzo. Este hecho se suma al anterior encadenamiento de un trabajador en lo alto de una grúa. Pero lo concerniente a la explotación y abuso que cometen las empresas (transnacional española en este caso) en todos los ámbitos es sistemáticamente silenciado por los principales medios (centrados sólo en atemorizar pregonando la delincuencia protagonizada por pobres), siempre al servicio de la decena escasa de familias que atesoran el poder en el país.
“Declaramos nuestro firme compromiso a derogar o reformar de forma íntegra la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana en el evento de que el proyecto de ley actualmente en curso sea finalmente aprobado en las Cortes”. El compromiso [borrador del texto del acuerdo] ha sido firmado por representantes de Izquierda Unida, Amaiur, Esquerra Republicana, Equo-Compromís, PNV y Podemos en un acto celebrado ayer en el Ateneo de Madrid y organizado por la plataforma No Somos Delito.
"Felicitaciones a toda la humanidad, al Kurdistán y al pueblo de Kobane por esta liberación” declaraba este 26 de enero, en su cuenta de Twitter, Polat Can, uno de los portavoces de las YPG de Kobane (las unidades de protección del pueblo kurdo, las milicias de Rojava, el Kurdistán sirio). En efecto, el setenta aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz será recordado por otra histórica victoria: la de la resistencia kurda en Kobane, todo un símbolo de la lucha popular frente a la barbarie islamista.
A primeras horas de la mañana del 12 de enero de 2015, la Guardia Civil inició una operación en la que fueron detenidos 16 militantes de la izquierda independentista vasca y registró numerosos locales, entre ellos el del sindicato vasco LAB. Entre esas personas detenidas se encuentran abogados y abogadas que estaban preparándose para asistir a juicios esa misma mañana en Madrid y Bilbao y que tuvieron que ser suspendidos debido a esta redada.
A todas estas personas se les acusa de integración en banda terrorista y de delitos contra la hacienda pública por, presuntamente, no haber declarado un dinero obtenido mediante aportaciones populares en la movilización del día 10 de enero a favor de los derechos de las presas y presos políticos vascos.