Ignacio Diego anuncia que priorizará los sectores causantes de la crisis económica y ambiental: turismo y construcción

Redacción.
| 05.06.2011

nacho_diegoCon la confianza que da saberse poseedor de la mayoría absoluta y sentirse en amistosa compañía entrevistado por el Diario Montañés, Ignacio Diego, dirigente del Partido Popular en Cantabria y presidente autonómico entrante, no ha dudado en afirmar sin tapujos que bajo su mandato “el turismo y la construcción serán prioritarios”.

Tampoco ha esperado más para anunciar que incumplirá su promesa electoral más destacada (“Cambiaremos Cantabria en 100 días”), reconociendo ahora que necesitará un margen de maniobra “mínimo” de dos años.

 

En una entrevista concedida el pasado domingo a la plana mayor de la Dirección y Redacción del Diario Montañés, el próximo Presidente de Cantabria hizo pública su postura en las cuestiones que le plantearon.

En materia de empleo, aludió a facilitar la temporalidad y el despido, anunciando su intención de “crear la confianza que necesita el empresariado y darles normas más ágiles que den respuesta a sus demandas de tramitación de expedientes”. También prevé “incentivar a las empresas económicamente con medidas fiscales”.

Respecto a la construcción, cuya masificación especulativa ha sido factor central de la crisis económica, ambiental y social que vive Cantabria, Diego manifestó querer “reactivar el sector de la construcción” y decirlo “sin ningún complejo”, sustentándose en el desempleo que el pinchazo de la burbuja ha generado. “Quiero hacer normas claras, una legislación lo más concreta posible que aporte seguridad jurídica y la mayor satisfacción generalizada”, anunció. Para concluir defendiendo que “hay que reformar la Ley del Suelo para generar dinámicas de tramitación garantistas y ágiles”.

Para las sentencias de derribo que plagan los ayuntamientos gobernados por su partido, señaló que “los cántabros somos incapaces de asumir, por falta de recursos económicos, el coste de los derribos de las más de 600 viviendas”, pero no para anunciar que apuesta por que los políticos que cometieron las irregularidades urbanísticas respondan con su patrimonio o al menos asuman responsabilidades políticas, sino para perseguir que “el Parlamento y los jueces encontremos una fórmula que permita darle una salida a esta situación, y que esa solución no pase por derribar e indemnizar”.

Aunque señaló como prioridad la tercera fase de Valdecilla “y la construcción de tres centros de salud urgentes y colegios e institutos”, aprovechó para cargar contra la Ley de Costas y la recuperación para 2018 de terrenos públicos, dando su particular visión: “no me gusta que el Estado pueda apropiarse de los bienes de los ciudadanos sin indemnizarles”.

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