Se acercan las elecciones y el Gobierno autonómico ha puesto en marcha, con subvenciones de la Comunidad Europea, proyectos de fomento del empleo que contribuirán a maquillar temporal y precariamente las cifras del paro justo antes de los comicios. La selección está corriendo a cargo de las corporaciones municipales, primando aspectos subjetivos como la entrevista personal sobre criterios objetivos como la formación o la renta familiar. CastroVerde y la ACPT han impugnado el método selectivo de los ayuntamientos de Castro y Torrelavega. También la CNT de la capital del Asón-Agüera ha emitido una nota de prensa criticando duramente el proceso.
El anuncio de la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico de equiparar el sueldo de los médicos, independientemente de si se dedican exclusivamente al Servicio Cántabro de Salud (SCS) o de si ejercen también en el sistema privado, ha comenzado a cosechar las primeras reacciones de la población en general y de los agentes sanitarios en particular.
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la normativa conocida como “continuidad pedagógica del profesorado interino”. Esta normativa, que se ha aplicado este curso por primera vez, supone que cuando un profesor interino logra una vacante puede permanecer en ella hasta cuatro años a no ser que sea desplazado por un funcionario de carrera. Según ha señalado el STEC en un comunicado público, esto supone romper el orden de las listas de interinidad, “una quiebra del principio de igualdad, mérito y capacidad que rige el acceso a cualquier puesto de trabajo público”.
El juzgado nº 1 de lo contencioso administrativo ha condenado al ejecutivo cántabro a pagar las guardias especiales a 34 agentes del medio natural. Estos trabajadores no cobraron las guardias realizadas, turnos de 24 horas durante siete días consecutivos, desde marzo de 2011 a noviembre de 2012. Aunque han sido estos 34 empleados los que emprendieron acciones judiciales, el total de trabajadores es de 107. Al aplicarse esta sentencia, el Gobierno autonómico debe pagar a la totalidad de los trabajadores lo que les debe, aproximadamente 2,1 millones de euros en total, según señala el sindicato CCOO.