A primeras horas de la mañana del 12 de enero de 2015, la Guardia Civil inició una operación en la que fueron detenidos 16 militantes de la izquierda independentista vasca y registró numerosos locales, entre ellos el del sindicato vasco LAB. Entre esas personas detenidas se encuentran abogados y abogadas que estaban preparándose para asistir a juicios esa misma mañana en Madrid y Bilbao y que tuvieron que ser suspendidos debido a esta redada.
A todas estas personas se les acusa de integración en banda terrorista y de delitos contra la hacienda pública por, presuntamente, no haber declarado un dinero obtenido mediante aportaciones populares en la movilización del día 10 de enero a favor de los derechos de las presas y presos políticos vascos.