En 2012 la corrupción no ocupaba portadas, pero ya circulaba por la parte de abajo de las mesas, tal y como ha venido haciéndolo en las últimas décadas. En Almería, el alcalde de Roquetas del Mar y Presidente de la Diputación almeriense, Gabriel Amat (PP), denunciado después por corrupción e imputado por prevaricación, pagaba 102.850 euros al periodista de Onda Cero Carlos Herrera por la de emisión de su programa desde la localidad andaluza. Pues bien, mañana, el periodista afín al PP visitará Liébana para ser distinguido como "Orujero Mayor" en la fiesta que se celebra en Potes en honor al aguardiente cántabro. Y es que Santiago Recio (Director Gral. de Turismo) y Javier Gómez (alcalde de Potes) consideran "importante" vincular la trayectoria de alguien como Carlos Herrera al nombre de Liébana.
ARCA recurre al Constitucional para paralizar la construcción de una estación de esquí en San Gloriu
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acudirá al Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de una ley que amparaba la construcción de la estación de esquí de San Glorio, localizada en espacios protegidos de la Cordillera Cantábrica. Esta victoria judicial, que ha sido posible gracias a un recurso contencioso-administrativo iniciado por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), pondría freno a un proyecto respaldado por el gobierno y que lleva activo más de una década.
El Proyecto Ríos es una iniciativa de voluntariado organizada por la asociación Cambera que lleva realizándose desde el año 2008. Trata de acercar los ecosistemas fluviales a todas las personas interesadas en conocerlos, valorarlos y colaborar en su conservación. Cuenta así mismo con la colaboración del CIMA (Centro de investigación del medio ambiente) un organismo dependiente del Gobierno de Cantabria.
Los grupos ecologistas cántabros ARCA, Ecologistas en Acción, Fundación Naturaleza y Hombre, Fundación Oso Pardo y Seo/BirdLife han pedido hoy a la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural que se decrete una moratoria en la persecución del Lobo Ibérico en el país, y que se elabore un Plan de gestión de la especie consensuado con los diferentes agentes sociales y económicos –entre ellos, ganaderos, cazadores y organizaciones conservacionistas-, basado en criterios técnicos y que tenga en cuenta el valor de los lobos como elementos reguladores de los ecosistemas cantábricos.