Recortes en los servicios públicos de Cantabria

Jesús Aguayo Díaz (STEC)
| 25.02.2012

libru_stecEl conjunto de medidas anunciadas por el presidente del Gobierno Regional el pasado 16 de febrero, constituyen la mayor agresión a los servicios públicos que jamás ha conocido esta Comunidad Autónoma. Hasta tal punto es así que, de un plumazo y de una sola tacada, se echan por tierra conquistas y avances que creíamos, con un optimismo poco justificado, consolidados para siempre. Al Gobierno de Ignacio Diego corresponderá el dudoso honor de, en apenas medio año de gestión, hacer retroceder una década la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos cántabros.

Las medidas que en concreto aplicarán en la educación pública cuando tramiten las correspondientes normas legales, supondrán una espectacular disminución del número de enseñantes y un incremento de las horas lectivas así como de las ratios en la ESO. Particularmente dura se volverá la situación del profesorado de más edad al que se le incrementará un 33% sus horas de docencia. El presidente del Gobierno dijo que estas medidas, lo mismo que otras de similar naturaleza que anunció para el ámbito sanitario, no las notarán los ciudadanos. Lo que no explicó es la receta mágica para que rebajando el número de profesores, trabajando con más alumnos por aula y más horas a la semana – insisto que en el caso de muchos docentes de más de cincuenta y cinco años su horario lectivo aumentará un tercio – no disminuya la calidad del servicio que se está prestando. No cabe duda de que el profesorado es un gremio particularmente vocacional y quizás así lo recordará el señor Diego, profesor de Formación Profesional hace ya mucho tiempo; pero de ahí a hacer milagros dista un buen trecho.

Muchos se preguntan si con esto ya pasó lo peor o si sólo es el comienzo. Todo parece indicar que se está gestando un segundo paquete de recortes que afectará a fibras muy sensibles del sistema educativo, como es la Atención a la Diversidad. Probablemente el Presidente Diego y me temo que también el Consejero Serna, uno porque hace lustros que desertó de las aulas y otro porque no termina de aterrizar en ellas, no sepan para que sirven logopedas y especialistas en Pedagogía Terapéutica, que papel cumplen los orientadores, que son los Planes de Atención a la Diversidad, como actúan los mediadores interculturales, que es la Atención Temprana o como se configura un grupo de Diversificación. Y aunque quienes nos gobiernan no lo sepan, a la opinión pública si merece la pena explicarle que son actuaciones que pretenden compensar desigualdades dando más a aquellos alumnos que más lo necesitan, bien sea por razones socieconómicas, culturales, idiomáticas o de simple nacimiento. Probablemente este principio de equidad educativa esté reñido con la ideología de nuestros actuales gobernantes. Ppuede que en sus cálculos pesen más otras prioridades o sean, lógicamente, más sensibles a las demandas de su electorado natural, muy preocupado por la dimensión cuantitativa y cualitativa que la red pública ha alcanzado en comparación con la enseñanza privada concertada.

Por otra parte, el coste laboral de este paquete de medidas va a ser tremendo. En el sector educativo, las primeras estimaciones hablan de no menos de trescientos docentes interinos que pasarán al paro el uno de septiembre, otros muchos dejarán de tener una plaza anual completa para pasar a tener contratos a tiempo parcial o conformarse con hacer alguna sustitución a lo largo del curso. Las cuentas en el ámbito sanitario no son más optimistas. Estamos, pues, ante un gigantesco ERE en el sector público de Cantabria que hará palidecer los despidos masivos que hasta ahora ha habido en diferentes empresas y sectores de nuestra economía regional.

Despedir empleados de la Administración dice el Gobierno que aliviará las cuentas públicas, abaratar y facilitar el despido vía reforma laboral contribuirá a que los empresarios hagan nuevos contratos más precarios y pagando sueldos más bajos, la moderación salarial ayudará a ganar competitividad… Estamos hartos de oír estos argumentos, pero a la vez nos encontramos cada vez con más voces que se interrogan acerca de si a medio plazo quedará alguien en este país con capacidad de consumir. Las medidas que aprueba el Gobierno de Diego no son diferentes a las que emanan del Gobierno de la nación y estas a su vez cuentan con el beneplácito de Bruselas, Berlín y París. Sin embargo, emergen de forma creciente opiniones de pensadores, economistas reputados y premios nóbeles que presagian el mayor de los desastres si se continúa por la vía de la austeridad en lugar de optar por medidas de estímulo a la economía. La ceguera ideológica de los gobernantes que se empeñan en apretar cada vez más el cinturón de una economía al borde ya de la asfixia, puede que dentro de unos años se estudie en los manuales de primero de Económicas como ejemplo de lo que no se debe hacer.

En cualquier caso, el Gobierno de Ignacio Diego ha traspasado todas las líneas rojas en lo que a empeoramiento de los servicios públicos se refiere y tendrá la contestación social que tal actuación se merece. Más miedo da pensar que todo este recetario de medidas en el plano económico son sólo un granito de arena más en medio del torbellino neoliberal que amenaza con sepultar el llamado estado de bienestar europeo. De la capacidad de respuesta de la ciudadanía, de su acierto e inteligencia a la hora de protestar y de movilizarse, dependerá el tipo de salida que se le dé a la crisis. Ahora es el momento de manifestar el descontento si no queremos hacerlo mañana bajo las condiciones y de la misma manera que está ocurriendo en Grecia.

 

[Jesús Aguayo Díaz es miembro del Secretariado Regional del STEC]