El Estado de Derecho, los políticos y el Centro Botín

Juan García (Movimiento en Defensa de la Identidad de la Bahía)
| 15.04.2012

movimiento_defensa_bahia_sananderLos ciudadanos de Santander nos quedamos perplejos ante las actitudes que algunos políticos están articulando para dar cobertura a la construcción del Centro Botín, contraviniendo aspectos legales y al margen de los intereses generales.

Es bien sabido que la esencia de una democracia consiste en la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y que habrá más democracia cuanto más independientes y trasparentes sean en sus actuaciones.

En un estado de derecho las Leyes emanan de un parlamento elegido democráticamente y responden al interés general de los ciudadanos, donde todos estamos sometidos a su imperio.

Los políticos, como servidores del pueblo, deben de ser personas honestas e íntegras y tener una formación, experiencia y competencia profesional a la altura de la función que vayan a desarrollar y, cuando acceden al poder, les es exigible una responsabilidad adicional por la institucionalidad del cargo que representan.

 

La misión de los políticos y de las instituciones es la de consensuar las grandes políticas del estado y un proyecto de futuro para la nación. Tienen que establecer las condiciones para la creación de riqueza sostenible y el bienestar de los ciudadanos. Debieran pensar más en las futuras generaciones y menos en sus intereses personales y partidistas.

Ejemplos tenemos en Cantabria para aprender de nuestros errores, y darnos cuenta de que el progreso es algo más que la construcción de grandes obras y de edificios singulares por arquitectos estrella, que no necesariamente crean riqueza sostenible ni generan rentabilidad social.

Los ciudadanos de Santander estamos a favor de un equipamiento de arte y cultura para la ciudad, como sería el Centro Botín. Pero consideramos que su construcción no puede ir en detrimento del patrimonio histórico, cultural y paisajístico de un muelle público ya consolidado, aprovechándose del entorno más emblemático de la ciudad, incluidos los Jardines de Pereda.

A estas alturas pocos dudan de que se está haciendo un “traje a medida” de las pretensiones de la Fundación Botín, que ha propuesto la construcción de un edificio singular, utilizando la oportunidad del “Protocolo inter administrativo” firmado por las autoridades, para la integración de la ciudad con su bahía, con el beneplácito de los partidos políticos más relevantes.

¿Tendrán estas actuaciones alguna relación con posibles compromisos adquiridos sobre el “gran equipamiento cultural” que nos contaban en el 2010 cuando se optaba a capitalidad cultural del 2016?

Con la argumentación de la creación de “riqueza” para la ciudad, los políticos están instrumentalizando a las instituciones y a la administración a favor de intereses privados, acomodando la Normativa a una decisión previa, con inusitada agilidad, e interpretando sesgadamente las Leyes para justificar y dar la apariencia de legalidad a la propuesta del equipamiento cultural.

Y para dar credibilidad a la ubicación del proyecto se le “arropa” con la ocurrencia del anillo cultural, gastando 1, 6 millones de euros para mostrar las “piedras de las murallas” de nuestro pasado, relegando el Museo de Prehistoria a unos sótanos.

El proyecto del Centro Botín, “legalizado” por la administración, al margen de valoraciones subjetivas, vulnera presuntamente tanto el espíritu como la letra del Convenio Europeo del Paisaje, de la propia Constitución Española, de la Ley de Puertos y de la Ley de Costas del Estado, y de las propias leyes autonómicas como la Ley del Suelo, cuyo artículo 34 sobre la protección del paisaje, que dice: “En los lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características históricas, típicos o tradicionales,‘[ …] no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, colores, muros, cierres o la instalación de otros elementos limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan la armonía del paisaje natural, rural o urbano, o desfiguren la perspectiva propia del mismo”. Que el lector saque sus propias conclusiones.

La Memoria Ambiental aprobada en el BOC extraordinario del 19 marzo para dar cobertura al equipamiento cultural, falta a la más elemental objetividad en el análisis, es parcial en la valoración, y prueba la actitud voluntarista de la administración que, aun reconociendo las afectaciones de la volumetría implantada, rodea con circunloquios los impactos visuales para darle una viabilidad injustificada al emplazamiento.

El argumento sostenido en la referida Memoria alude a “la concepción del paisaje como algo en evolución y no necesariamente fijado en una imagen histórica” lo cual es absolutamente inadecuado y falto de rigor cuando se trata de evaluar un “Lugar” caracterizado por sus valores históricos paisajísticos, culturales y económicos como son los antiguos muelles del Puerto de Santander, incluido el de Albareda, y los Jardines de Pereda, glosados por numerosos testimonios literarios, poéticos, fotográficos y pictóricos como seña de identidad propia y sustancial de la ciudad, que los hace merecedores de la protección prevista en la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, cuyo artículo 49.5 define el Paisaje Cultural como “Partes específicas del territorio, formadas por la combinación del trabajo del hombre y de la naturaleza, que ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos en el espacio y en el tiempo y que han adquirido valores reconocidos socialmente a distintos niveles territoriales, gracias a la tradición, la técnica o a su descripción en la literatura y obras de arte,…”

Por otra parte, se han desestimando, menospreciando la participación ciudadana, las más de 1.600 alegaciones aportadas a la CROTU, con contundentes fundamentos jurídicos rechazando la ubicación.

Resulta paradójico e incomprensible que tengamos cientos de sentencias firmes de demolición de viviendas por infringir la legalidad en la costa, y se autorice una edificación en la prolongación del paseo marítimo que, además, sobrevuela la lámina del agua.

Nos preguntamos sobre si la actitud de los políticos, el comportamiento institucional, los informes “técnicos” y los cambios normativos resultantes hubieran sido los mismos si la propuesta del Centro Botín la hubiera realizado otra institución ajena.

Los ciudadanos defendemos nuestro patrimonio histórico, cultural y paisajístico del frente marítimo, queremos que se libere de las vallas, que nunca debió tener, el muelle de Albareda, y que se deje diáfano y abierto al uso y disfrute público, como pedía el propio Alcalde en el DM el 27 enero de 2007.

Si todos somos iguales ante la Ley, exigimos que las autoridades cumplan y hagan cumplir las leyes, y que los políticos sean ejemplares y respeten los procedimientos, y la integridad profesional de los técnicos sin prejuzgar sus resultados, y sobre todo que se defiendan los intereses generales.

Por eso es conveniente que todos tengamos muy presentes los principios y valores que recordábamos al inicio: Necesitamos políticos honestos, sin ataduras ni subordinaciones. Gestores eficaces con criterio de eficiencia y trasparencia, que asuman la responsabilidad de marcar un liderazgo con visión de futuro. Lo demás, son comportamientos poco éticos que podrían incurrir en figuras delictivas.

Los ciudadanos, conscientes de nuestros derechos, debemos participar crítica y pacíficamente en los asuntos públicos, y contribuir activa y responsablemente a la construcción democrática de un estado de derecho en una sociedad imperfecta.

Si la Fundación Botín desea hacer realmente algo bueno por Santander y Cantabria, le pedimos que busque otro emplazamiento de consenso, que beneficie a todos, y la sociedad cántabra sabrá agradecer su generosidad.

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