Corrupción

Fernando Merodio y José López Coterillo
| 23.06.2014

Ciudadanos hastiados y la impunidad con que actúan dinero y políticos en el uso y abuso de lo público convergen en la denuncia presentada el pasado día 5 ante la Fiscalía del TSJC contra los procedimientos administrativos, actuaciones políticas, proyectos y obras del llamado Centro Botín de Santander. Fácil de entender si se deja explicar y se atiende un poco.

Inicio de los hechos. 31 de julio de 2010, hace cuatro años, El Diario Montañés revelaba en un publirreportaje de seis páginas: “Botín construirá un centro cultural (…)” que “ocupará el actual aparcamiento del ferry (…)”, un espacio vinculado al uso portuario y en el que en aquel momento, añadimos nosotros, no podía construirse. Construirá y ocupará. No “acaso”, ni “solicita”, ni “si se cambian los usos”, ni “si se le otorga la concesión y obtiene licencias”, ni… Cruel exhibición de poder impune, “Botín construirá”. La Memoria 2011 de la Fundación Botín, ver Google, hablaba del Centro con esa certeza que un laxo atribuiría a “cándida naturalidad” y, para nosotros, es muestra de evidente y despectivo ultraje al Estado de Derecho.

Pregunta. Si el lugar en que Botín afirmaba infalible que “construirá un centro” era parte del dominio público, no tenía otro uso que el portuario y ni podía edificarse, ¿quién le aseguró que, en el mejor espacio del Muelle, él iba a poder construirse ese “centro” de 17.000 m3?

Respuesta inmediata. Tras el anuncio, las Administraciones central, autonómica y municipal, Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, Gobierno de Cantabria, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento, PP, PRC y PSOE, José Blanco, Gorostiaga, Revilla, De la Serna,…, iniciaban juntos los procedimientos ad hoc para aparentar posibilitarlo.

Torpe simulacro del procedimiento administrativo. Sin información y participación política ciudadana ni evaluación de impactos que exigen Directivas Europeas, soberbios, ofenden: ¡a ver quién se atreve a parar todo esto!, el ilegal cambio de uso del dominio público, la apropiación del espacio, la agresión a medio ambiente y paisaje, la fractura del perfil urbano y, con él, de la historia y, aun peor, la embestida contra la dignidad ciudadana, nuestra dignidad, a través de conductas jurídica, ética y socialmente reprochables; corruptas.

Procedimientos administrativos con el fin privado que Botín anunciaba el 31 de julio de 2010 y que son, de facto, torticero artificio para dotar de apariencia legal al abuso de un poder fáctico sobre todos nosotros a través 1) del ilógico cambio de los usos lógicos del Muelle de Albareda, 2) la edificación en él de un tocho ilegal y 3) la concesión, a quien no lo merece, del uso de espacio y tocho; ilícita unión de dinero y política. No es posible que, salvo previo, ilegal y oscuro pacto, antes de iniciarse los procedimientos y a dos años de que fueran resueltos, Botín conociera el  final de todos. Corrupción.

El Roto explica actuaciones como ésta dibujando una viñeta sombría con dos personajes, uno sentado e irreconocible entrega un papel al otro que, de pié, recibe la tajante orden: “Páseme a legal este atropello”. Así de sencillo.

El procedimiento administrativo son una pluralidad de actos coordinados de modo que sin cada uno de los anteriores ninguno posterior es válido y sin cada posterior ninguno anterior es eficaz, sometidos a los principios de contradicción (igualdad ante la Ley), transparencia (accesibles a todos), imparcialidad (objetividad y sujeción a Ley y Derecho), legitimación (interés legítimo) y, cada día más, participación política ciudadana, o sea democracia. Ninguno de ellos se cumple en este caso. Veamos una breve cronología de los hechos, a  los que alguno podrá encontrar levísimas aldabas legalistas y para nosotros resultan insoportables:

1) Inicio. El 31 de julio de 2010, además de lo dicho, se añadía que “la Fundación Botín gestionará el espacio y asumirá sus costes (…) con propiedad del Puerto”, “se trasladará el actual aparcamiento al otro lado de la Estación Marítima”,… Ofensivo y exacto, es lo que ahora está haciendo Botín y, además, alardeaban de que “todos los grupos políticos ven el nuevo centro de Arte y Cultura el punto de apoyo necesario para transformar la ciudad”. Lo daban por hecho, pero ¿qué se piensan estos que es el procedimiento administrativo?

2) El 19 de marzo de 2011 las Administraciones estatal, autonómica y municipal, PSOE, PP y PRC, firman el Convenio Interadministrativo y el Plan Maestro de los Espacios Portuarios.

3) Dos días después, el 21 de marzo, Fomento iniciaba un expediente que concluía el 9 de abril de 2012, con la Orden FOM/709, Modificación sustancial de la delimitación de espacios y usos portuarios, compleja, ilegal y celérica, que sustituía, ad hoc de Botín, el “Uso Portuario Comercial” del Muelle de Albareda por el novedoso “Interacción Puerto-Ciudad”.

4) Al tiempo, el Gobierno cántabro tramitó la Modificación puntual nº 9 del Plan Especial del Puerto para adaptar el uso urbanístico del Muelle de Albareda al Interacción Puerto-Ciudad, ¡aún inexistente!, aprobado meses más tarde por la Modificación sustancial ¿Cómo fue posible cambiar usos urbanísticos a partir de uno portuario inexistente? ¿Había “pacto previo” entre los Gobiernos central y autonómico para posibilitar lo que anunció Botín?

5) La Modificación puntual nº 9, aprobada el 12 de abril de  2012, tres días después de la Modificación sustancial, sustituye, sin justificarlo, el natural uso marítimo-portuario por el cultural, antinatural en el Muelle Albareda, y lo dota de la edificabilidad que Botín precisaba.

6) De momento, fin. Un día después, el 13 de abril de 2012 publica el BOC la Modificación puntual, ese mismo día Botín solicita, con amplia documentación, la concesión del Muelle, que el propio 13 fue informada favorablemente. El 14 (sábado, trámite de urgencia), se publica en el BOE anuncio que -burla de Montesquieu y su Espíritu de las leyes- concedía un mes para “presentar otras solicitudes que tengan el mismo objeto”, algo imposible para quien no tuviera las “relaciones” de Botín y no dispusiera de los más de dos años de que él dispuso. La concesión fue otorgada, muy poco despues, al único solicitante; tan arbitrario como inevitable.

Urgencias, atajos, falta de participación, inseguridad jurídica, una trama cierta, una actuación ajena a política, justicia e interés ciudadano, que culmina con la concesión del dominio público a quien, como se explica en nuestra denuncia, no se lo merece y, aunque hay quien aplaude que alguien tantee eternizarse en arquitectura inhumana y someta a un brutal zarandeo parte importante de nuestra ciudad, maltratando lo hecho por la naturaleza, nuestros ancestros y todos nosotros, autores, cómplices y aplaudidores no engañan a todos.

Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General, denunció en el Congreso una “legislación insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía”, una ”actuación exasperantemente lenta”, “absoluciones difíciles de entender y sin recuperación de dinero”,…, lo que, advirtió, incuba la amplia sensación de que “la Justicia favorece al poder”. Hurtan nuestro espacio sabiendo que sin él no hay relaciones sociales y sin estas no habría espacio, elemento base de la producción y, además, producto que, según cómo se defina y reparta, determina cuestiones como la propiedad, las relaciones de intercambio, el trabajo,…

En su discurso del Premio Cervantes 2014, Elena Poniatowska decía que “el poder financiero manda no sólo en México sino en el mundo. Los que lo resisten montados en Rocinante y seguidos por Sancho Panza son cada vez menos. Me enorgullece caminar al lado de los ilusos, los destartalados, los candorosos”. También a nosotros que, bastante destartalados y quizás candorosos, resistimos al poder corrupto defendiendo un muelle de la bahía limpio para perder nuestro tiempo sentados en él: eso sí que es cultura.

[Imagen de El Roto extraída del blog Peces de Ciudad]