Crítica a la Ordenanza Municipal de Santander

Jesús A. Soto
| 03.06.2011

Como sabemos, la sociedad de la que formamos parte está regida por el imperio de la ley. Aunque, básicamente, vivimos como nos ordenan y nos permiten, el  número de leyes (a todos los niveles) experimenta día tras día un rápido crecimiento numérico. Y el detalle de que el desconocimiento de la ley no exima de su cumplimiento resulta algo desalentador. Pero ninguna ley de las que nacen (reiterativas y perfectamente prescindibles) lo hace porque sí; todas responden a motivaciones concretas (sobre todo de control social, vía ánimo estatal moralizante, y recaudación). El problema viene a la hora de hacer cumplir tantas leyes por parte de agentes de la autoridad que, al fin y al cabo, son seres humanos, subjetivos, falibles y que tienden a responder a sus propios intereses.

El estado, a través de las leyes y sus cuerpos del orden imperfectos, pretende organizar y controlar aspectos de la existencia personal individual más allá del sentido común de cada uno y sus posibilidades de desenvolvimiento social. Se fomenta, más allá de lo aparente, la desconfianza entre semejantes y la asunción de roles muy definidos, políticamente correctos, entre la ciudadanía. A la postre va consiguiendo lo que se propone: el amedrentamiento, la disuasión, la pena al individuo (con ulterior sentimiento de culpa) y, llegado el caso, su dinero.

Este tipo de ordenanzas municipales (sobre la protección de la convivencia ciudadana y la prevención de actividades antisociales, o similares) se van extendiendo por las ciudades del estado según un efecto contagio, por la imperiosa necesidad que tienen los consistorios de recaudar para sus maltrechas economías y cubrir sus siempre crecientes gastos. Así es como trasladan a la población sus problemas (estructurales y fundamentales) de financiación y gestión. El resultado es la certeza (a poco crítico e informado que esté uno) de que vivimos en un estado de naturaleza absolutamente represiva pero que, paradójicamente, sólo logra hacer cumplir ciertas leyes cuando y como conviene.

En la exposición de motivos se evidencian los impulsos de la ordenanza. Se habla de cada vez más bienes comunes ciudadanos, pero aclarándose que aún son escasos y que, por el uso y desgaste que se hace de ellos, merecen una "vigilancia intensiva" por parte de la administración. Se invoca también el talante cívico en el uso de los bienes e instalaciones a disposición del público sin mencionarse que es el propio ayuntamiento el que diseña ciudad, imponiendo en todo momento y lugar la relación espacio público/privado e instalando el mobiliario y equipamiento que desee para el fin que desee.

El texto se refiere a la lucha contra actuaciones incívicas (por parte de individuos y colectivos minoritarios, lo que debe incluir a infantes) que alteran la paz ciudadana, la tranquilidad y la vía pública, con el gasto que ello supone. Cabe mencionar el antepenúltimo párrafo de la exposición de motivos, en el que se aclara que la ordenanza incide en una realidad diaria cuya repercusión genera una alteración de aquello que "socialmente se acepta como convivencia ciudadana" (ausencia de molestias y de necesidad de causar daños o malos usos). Ello significa la permisividad con todo lo "socialmente aceptado" al tiempo que se reprenden las "conductas antisociales". En el último párrafo de la exposición de motivos se menciona la necesidad de una amplia difusión de estas normas; difusión que, puede decirse, apenas ha trascendido en Santander ni en otras ciudades, excepto quizás en Barcelona, por la contestación social a que dio lugar y que no evitó su aprobación.

En su punto 2.3 la ordenanza aclara que alcanza también a las fachadas de los edificios y a otros elementos urbanísticos de titularidad pública o privada, eso si, sin perjuicio de los derechos que individualmente correspondan a los dueños. Sin entrar aquí a analizar la naturaleza de la propiedad, nos encontramos con que no estaría permitido colgar carteles o pancartas en ventanas o balcones, con el grave perjuicio que ello supone para la libertad de expresión constitucional.

A partir del artículo 5 la ordenanza expone una serie de prohibiciones, algunas ciertamente imprecisas (zarandear los árboles, uso "anormal" de praderas, cazar/matar/maltratar animales) o estrictas (cortar hojas, subirse a los árboles), aplicables también a espacios privados visibles desde públicos. Se prohíbe asimismo bañarse o lavar en fuentes y estanques. También "cantar o gritar por encima de los límites del respeto mutuo" (art. 13) y se someten a previa autorización municipal las emisiones acústicas de cualquier tipo. El artículo 15.3 (aparentemente un par de oraciones inconexas) prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública. En el 17 se garantiza el libre tránsito por el espacio por prohibición, entre otras, de acciones de presión o insistencia, de ofrecimiento o requerimiento hacia los ciudadanos sin autorización. El artículo 19.1, que asigna a la policía local la potestad para hacer cumplir la norma, también parece incorrectamente redactado. El artículo 25 permite a la policía poner fin a la actividad (así como la retirada de bienes, objetos, materiales o productos relacionados con ella) que haya generado infracción, aún antes de una sentencia firme.

El más delicado control en el entorno de instalaciones industriales y de vehículos a motor (art. 9.2) se despacha (sin perjuicio de la reglamentación especial aplicable) con la prohibición de cualquier emisión que altere límites de alteración de tranquilidad y descanso público. Esta veda, indudablemente, no se hace cumplir, pues los ámbitos mencionados son esenciales para el funcionamiento económico-capitalista.

Cabe destacar que las infracciones leves se sancionan con multa de hasta 750 € (lo que se antoja exagerado) y la posibilidad de abono de sanciones antes de que se dicte resolución del expediente sancionador, con reducción del 50% de la cuantía (clásica medida política destinada a disuadir a los recurrentes y agilizar cobros). Otro dato a destacar es la consideración de la, tan complicada de evaluar, "trascendencia social de los hechos" (o la existencia de intencionalidad del infractor, entre otras circunstancias) para la graduación de cada sanción aplicable.

Las medidas expuestas aquí constituyen sólo algunos ejemplos de lo puntilloso de la ordenanza, según la cual, técnica y estrictamente, casi todo está prohibido en el término municipal. El amplísimo alcance y el boato dialéctico desplegado en este texto legal se confunden en un fondo vago en el que la ambición consistorial por el control hasta el mínimo detalle raya lo absurdo, lo ridículo. Se trata, en fin, de la imposición de una suerte de dictadura del culto al orden en el territorio perfectamente artificial, destinada a inhibir la relación mutua, las posibilidades de expresión y que acaba generando recelo, suspicacias y disensión entre semejantes. Su carácter intruso, indigno, prepotente y antidemocrático debe animarnos al incumplimiento, dentro de unos límites de respeto físico, ecológico y permanente disposición al diálogo.