Soberanía y defensa del territorio: el caso del fracking

Diegu S. G.
| 26.12.2012

mi_tierra_no_se_vendeEl fracking ha estado presente la semana pasada en los medios de comunicación y en las agendas de los gobiernos cántabro y español. Al mismo tiempo que el Parlamento Cántabro aprobaba un proyecto de Ley por el que se prohíbe esta técnica de extracción, el Ministro de Industria rechazaba establecer cualquier tipo de moratoria o prohibición en el Congreso de los Diputados de España.

Poco antes de concluir su legislatura en mayo de 2011, el Gobierno de Revilla y Gorostiaga aprobó un permiso de investigación de hidrocarburos que no salió a la luz pública sino gracias a un artículo periodístico en el mes de junio. A iniciativa del 15M de Cabezón, un conjunto de personas y colectivos de Cantabria nos reunimos entonces para poner en común informaciones e iniciativas. En el año y medio recorrido desde entonces hasta hoy, la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria ha llevado a cabo en su marco un trabajo encomiable de investigación, información vecinal en los valles afectados, concienciación con viejos y e innovadores métodos y movilizaciones, que tuvo su punto álgido en la manifestación del 6 de octubre. La sensibilización de la sociedad cántabra forzó al Gobierno de Ignacio DIego, que hasta entonces se había ceñido a culpar también de la amenaza del fracking a “la herencia recibida”, a anunciar una ley que lo prohibiría. Sin embargo, su alcance real está en cuestión dado que sólo 1 de los 7 permisos otorgados es de competencia autonómica, mientras que el resto de permisos recaen sobre el gobierno estatal, cuyo Ministro señalaba hace sólo unos días que "hay consenso científico en que la técnica no tiene más riesgos que el de cualquier otra producción industrial".

Se genera así un antagonismo entre la voluntad del pueblo cántabro (y las propias instituciones de autogobierno que supuestamente le representan), que rechaza mayoritariamente esta amenaza sobre su Comunidad, y el Gobierno del Reino, que se muestra dispuesto a hipotecar el futuro de ese territorio periférico a cambio de beneficiar al lobby de las empresas del fracking. Este antagonismo no es nuevo a nivel social y ambiental (desmantelamiento de los sectores económicos tradicionales, urbanización masiva del litoral, instalación de un vertedero en Valderredible para enterrar basura de las provincias limítrofes o el Tren de Alta Velocidad...) pero sí institucional, lo que lo hace más difícil de explicar para el propio Régimen:
¿Van a imponernos a los cántabros una técnica extractiva de gas totalmente nociva, contra la voluntad de los propios habitantes del territorio, los ayuntamientos y la propia legislación del Gobierno autonómico? ¿Qué clase de autogobierno es entonces el nuestro? Una problemática similar se está produciendo en las Islas Canarias alrededor de la instalación de unos pozos petrolíferos para extraer el "oro negro", cuya competencia corresponde al Gobierno español, pero que cuenta con la total oposición de la sociedad, gobierno y cabildos canarios dados los riesgos que conlleva. Sin embargo, mientras allí ese antagonismo ha producido que se ponga sobre la mesa la cuestión del colonialismo y la soberanía, aquí parecemos asumir sin cuestionamiento que vengan desde Madrid a imponernos a los naturales del territorio que éste tiene que ser dividido por un TAV, degradado por un vertedero o envenenado por el fracking.

Retrotrayéndome, la primera inquietud social que me recuerdo fue de amor por los animales y respeto por la naturaleza. Con 14 años ya me asocié a ARCA, con quienes iba a plantar cajigas a la Vega’ Pas en el Proyecto Trenti. En el movimiento ecologista de Cantabria he conocido algunos sectores en los que se ha desarrollado una suerte de centralismo político, no por nacionalismo español, sino basado en una experiencia que dice que la legislación y decisiones venidas de fuera (más en el caso europeo que español, para ser correctos) esconden menos intereses y son en consecuencia más favorables a la ecología que las de los gobiernos locales, especialmente las de unos ayuntamientos, que han sido auténticos nidos de caciquismo especulador.

Sin negar esta realidad, otros sectores ecologistas han sabido interpretar la raíz de la problemática producida por un sistema que antepone el beneficio de unas élites a la justicia social, la identidad nacional, la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género o lo que sea: en el hundimiento de los sectores económicos tradicionales, la pérdida de la conciencia indígena de pertenencia al medio, la desvertebración del territorio, o el desmantelamiento de los sistemas asamblearios ancestrales de decisión (concejos abiertos) y su desplazamiento por otros más jerárquicos y con menos participación social (ayuntamientos), debemos buscar el verdadero origen de la deplorable realidad ambiental que conocemos en sociedad e instituciones.

Vaya por delante que lo que es malo para mi tierra lo rechazo también para las que son vecinas y las que quedan lejanas como la costa este estadounidense. Pero con el modelo territorial, la soberanía nacional y el derecho de autodeterminación en el centro del debate político por el caso catalán y una interpretación parcial de la crisis, se me antoja inaplazable reivindicar el carácter fundamental e inalienable del derecho de los pueblos no tanto ya a debatir y decidir sobre sus límites o símbolos, como sobre su territorio y marco político; sobre su presente y futuro.

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