El Congreso aprueba hoy la ley que incrementará las tasas judiciales entre 50 y 750 euros

Marcos M.R. Redacción
| 31.10.2012

El Congreso de los Diputados fijó para hoy miércoles 31 de octubre el debate en la Comisión de Justicia del proyecto de ley impulsado por el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que supondrá una subida de las tasas judiciales, en todas las jurisdicciones, de entre 50 y 750 euros. Esto, probablemente, impedirá o limitará enormemente el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de la mayor parte de la población.

Después de este debate, el proyecto de ley será enviado al Senado con la perspectiva de aprobarse definitivamente a principios de noviembre. Dicha Comisión tiene plena competencia legislativa para autorizar esta norma.

Este proyecto de ley ya superó su primer filtro parlamentario el pasado lunes 21 de octubre, cuando la mayoría absoluta del PP en el Parlamento permitió rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición.

El ministro aceptó algunas de las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario del PP, como es la exclusión del pago para los juicios monitorios con asuntos inferiores a los 2.000 euros. Además, quedan excluidos los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los de protección de los derechos fundamentales.

Rechazo al proyecto de ley por parte de los grupos de oposición y del estamento judicial

La oposición parlamentaria rebatió el texto del Ejecutivo la pasada semana porque “creará una Justicia para ricos y pobres” y, además, ”restringirá” el acceso a la misma. Todos los grupos coincidieron en señalar el objetivo recaudatorio y disuasorio del proyecto de ley de tasas judiciales.

El PSOE, en boca de su portavoz Antonio Camacho, mostró su “frontal” disconformidad con el texto porque pretende avanzar hacia una “justicia privada” a la que “los ciudadanos no podrán acceder ya que no tendrán los recursos para ello”.

Por su parte, Izquierda Plural, a través de su portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, declaró que el Gobierno, con la presentación de este proyecto, "deja en la indefensión a los ciudadanos y deja a la impunidad a los que tienen el poder".

También el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardá, se posicionó en contra de un proyecto que, a su juicio, "garantiza a los más pudientes el uso casi exclusivo del acceso".

Además de los grupos parlamentarios de oposición,  las asociaciones judiciales, fiscales y de secretarios judiciales y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también mostraron su rechazo al texto al considerar que la elevada cuantía de las tasas "cercena" el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos amparándose en un afán "recaudatorio" y "disuasorio".

El PSOE solicitará en la Comisión de Justicia una disminución generalizada de las cuantías y que se libere el orden social del pago de las tasas. La exclusión de la Jurisdicción Social ha sido una reclamación solicitada por unanimidad por los grupos de la oposición que tienen en cuenta el previsible aumento de  litigios que pueden registrar los juzgados en materia laboral.

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