El pasado martes a la salida de la Cumbre sobre el Cambio Climático algunos periodistas preguntaron al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre cuestiones relativas a los derechos humanos y a la posible existencia de presos políticos en Venezuela. Tras hacer una defensa de la democracia Venezolana y sus avances en materia de derechos humanos, el presidente señaló la hipocresía de ciertos medios de comunicación en lo que a presos políticos se refiere. Puso como ejemplo que apenas ningún medio se hace eco del caso de Oscar López Rivera, preso desde hace 33 años en EEUU y al que Maduro denominó como “el Mandela latinoamericano”.

Un inmigrante que tiene permiso de residencia de larga duración en España ha presentado la primera reclamación administrativa formal en más de dos décadas contra el Ministerio del Interior por haber sido identificado en la calle de manera "discriminatoria" por un agente de Policía Nacional que le dio el alto, según denuncia, "basándose en su color de piel para sospechar que se encontraba ilegalmente en el país".

El pasado 5 de febrero se halló muerto en su celda al preso vasco Arkaitz Bellon, que se encontraba encarcelado en la prisión gaditana de Puerto de Santamaría. El joven, de 36 años, tenía fijada su fecha de salida en el próximo mes de mayo, tras trece años en la cárcel. Las Instituciones Penitenciarias explicaron, mediante una nota, que los funcionarios le hallaron sin vida en su cama “sin ningún signo externo de violencia”. Las dos autopsias realizadas indican que murió por causas naturales.

Tanto el Ministerio de Justicia como el de Interior están llevando a cabo modificaciones legislativas, en el primer caso del Código Penal y, en el segundo, con la introducción de la llamada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Ya en marzo del año pasado, en una comparecencia de ministros, el responsable de Interior, Jorge Fernández Díaz, advirtió que se debía impedir  que “la crisis que vivimos derive en situaciones que ninguno de nosotros deseamos, evitando el incremento de actividades que generan alarma social entre nuestros conciudadanos y que afectan a la paz social, elemento esencial de todo país desarrollado“.

A mediados de octubre la plataforma No Somos Delito denunció que “al leer determinados artículos da la sensación de que el Ministerio de Justicia se ha dedicado a recopilar las nuevas formas de protesta ciudadana del último año para después convertirlas en delito”. Una tendencia que también se ve reflejada en la nueva ley propuesta desde Interior y que, la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas, ha definido como la norma que “cierra el círculo represor del Ministerio de Justicia“.

Si se hubieran aprobado hace dos años las modificaciones propuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para el Código Penal y la nueva norma con la que aspira no dejar vacíos legales Fernández Díaz, no habrían podido existir muchas de las vías de expresión de protesta que los ciudadanos han buscado para expresar su malestar ante las medidas gubernamentales.