El respeto a los Derechos Humanos: una asignatura pendiente para el Estado español

Redacción.
| 14.06.2011

pulicaSegún ha publicado Amnistía Internacional (AI) en su informe anual sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo, en el Estado español se continúan practicando redadas en busca de inmigrantes indocumentados, se repiten los malos tratos y torturas a detenidos, gracias, entre otras cosas, al mantenimiento del régimen de incomunicación y se dan casos de prescripción indebida de medicamentos y asistencia médica insuficiente en algunos centros de menores. En este asunto destaca, una vez más, la negativa de las autoridades españolas a ajustar plenamente la legislación y las normas administrativas de todas las Comunidades Autónomas a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Además, en su informe presenta varios casos de denuncias por torturas y malos tratos que no fueron investigadas ni juzgadas convenientemente. Se menciona que aún no se ha celebrado el juicio a los dos agentes de policía acusados de matar al nigeriano Osamuyia Akpitaye por asfixia durante su expulsión del Estado en junio de 2007 que estaba previsto el 16 y 17 de marzo de 2011.

Asimismo, AI recoge que el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid desestimó la denuncia por torturas presentada por Mertxe Alcocer tras ser detenida e incomunicada por la Guardia Civil en diciembre de 2008, pese a que un informe pericial constataba la presencia de hematomas y señales de patadas y golpes. También recoge la condena de cuatro guardias civiles por infligir torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola en enero de 2008. Precisamente respecto al régimen de incomunicación, Amnistía Internacional señala que “Las autoridades siguieron aplicando la detención en régimen de incomunicación a personas sospechosas de actividades terroristas. Estas personas podían permanecer bajo custodia hasta 13 días, y en ese tiempo no podían designar a un representante letrado de su elección ni consultar con su abogado de oficio de manera confidencial; tampoco tenían acceso a un médico de su elección ni podían comunicar su paradero a su familia. En mayo, el gobierno rechazó las recomendaciones formuladas en el examen periódico universal de la ONU para abolir esta forma de detención”.

Otro apartado destacado en el informe es el relativo al internamiento de menores con problemas sociales o de conducta en centros en los que se producen casos de "castigos corporales, aislamiento, prescripción indebida de medicamentos y asistencia médica insuficiente". En este asunto destaca, una vez más, la negativa de las autoridades españolas a ajustar plenamente la legislación y las normas administrativas de todas las Comunidades Autónomas a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por otra parte, a través del informe “Derechos a la intemperie. Dificultades para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España", Amnistía Internacional ha señalado que el derecho a una vivienda digna o el derecho a la salud "no son derechos inferiores a otros derechos humanos. Sin embargo su fuerza legal se ve reducida cuando son regulados con menores garantías y mecanismos para reclamarlos”. La organización concluye que el acceso a una vivienda digna o el derecho a la salud no son meras prestaciones sociales, son derechos humanos y que, por lo tanto, deben ser respetados.

 

[Fotografía: La policía ataca a un manifestante en Madrid © Eduardo León, extraída de Amnistía Internacional España, http://www.es.amnesty.org]