Treinta años han pasado ya desde los trágicos hechos del llamado 'Caso Almería', que tuvieron lugar el 10 de Mayo de 1981, pero todavía no se ha hecho justicia.

La historia se remonta al 7 de mayo del mismo año, cuando el jefe del Cuarto Militar del Rey, el General Joaquín Valenzuela, fue asesinado por ETA. Al día siguiente, dos jóvenes obreros cántabros y un andaluz, que nada tenían que ver con lo acontecido (Luis Cobo Mier, natural de Santander, Luis Montero García, natural de Salamanca pero residente en Cantabria, y Juan Mañas Morales, de Almería), se dirigieron a Pechina, en Andalucía, para asistir a la Primera Comunión de un primo del almeriense. Durante el trayecto, una avería les obligó a detener el coche en Ciudad Real y alquilar un Ford Fiesta con el que llegar a su destino. No obstante, un vecino de la localidad manchega, al escuchar su acento norteño y confundiendo su aspecto, creyó que eran Mazusta, Bereciartúa y Goyenechea Fradúa, los militantes de ETA que habían salido por la televisión tras haber matado al General Joaquín Valenzuela tres días antes, e inmediatamente alertó a la Guardia Civil. Once guardias civiles fueron en persecución de los tres mozos al momento, con el Teniente Coronel Carlos Castillo Quero al mando. Al día siguiente los detuvieron en Pechina mientras hacían unas compras sin oponer resistencia, y los sometieron a salvajes torturas toda la noche en un cuartel abandonado de la Guardia Civil. Cuando al fin se dieron cuenta de su error, decidieron borrar todas las pruebas, para lo que descuartizaron a las inocentes víctimas, las metieron en el coche, despeñaron el vehículo y le prendieron fuego.

A pesar de que al día siguiente las familias de los cántabros fueran llamadas a desplazarse tras encontrarse los cuerpos de los jóvenes atrozmente calcinados, agujereados y mutilados en el interior del coche en el kilómetro 8.400 de la carretera de Gergal, la versión oficial de la Guardia Civil seguía diciendo que los ocupantes eran Mazusta, Bereciartúa y Goyenechea Fradúa, que viajaban sin documentación a Madrid, y que cuando iban en el coche que los trasladaba a Madrid intentaron agredir al conductor, por lo que se vieron obligados a disparar a las ruedas del vehículo. Esta versión fue corroborada por el entonces Ministro de Interior, Juan José Rosón, a pesar de que la prensa describía hechos totalmente incompatibles con la versión oficial.

Si bien finalmente la Justicia condenó a tres de los agentes con 24, 15 y 12 años de condena respectivamente, estas penas fueron "relajadas" con favores, como el hecho de que en vez de en cárceles comunes los condenados se hallaran en centros militares. Además, pudieron salir cuando sólo llevaban tres cuartos de la condena cumplidos, cobraron el retiro con varios millones de pesetas de los fondos reservados del Ministerio del Interior español y amenazaron de muerte a Darío Fernández, abogado de las familias de las víctimas, que tuvo que refugiarse, hasta el extremo de vivir recluído en una cueva.

Tres años después de los terroríficos hechos, la familia Mañas recibió una carta anónima describiendo las macabras barbaries cometidas contra su hijo y sus dos amigos a lo largo de aquella noche del 9 de Mayo. Además, la carta daba nombres y apellidos de los guardias civiles que habían participado en el crimen.Sin embargo, ocho de ellos no han sido juzgados a día de hoy, y su crimen permanece impune. Por si no fuese suficiente, a pesar de que las familias han solicitado que Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas sean reconocidos como víctimas del terrorismo, ni un solo organismo gubernamental les ha escuchado en estos treinta años.