El pasado martes día 3, los cinco sindicatos con presencia en el ayuntamiento de Santander denunciaron, en una rueda de prensa, el comportamiento del jefe de la Policía Local sananderina, Luis Hernández del Castillo. Según afirman los representantes de UGT, CSIF, USO, APL y CC. OO., Hernández del Castillo es culpable de varias serias “irregularidades”, principalmente de extorsión y del cobro abusivo de tasas a particulares, así como de amiguismo con ciertas personalidades.

Más concretamente, han destacado algunos ejemplos del comportamiento denunciado: el cobro por la inmovilización de vehículos es mucho mayor de lo que fija la Ordenanza municipal (el doble en el caso de coches, y hasta seis veces más en el caso de motocicletas), y han instado a las personas afectadas a presentar reclamación por los cobros abusivos.

Además de esto, los sindicatos han señalado numerosas pruebas incriminatorias de la anulación de multas improcedente, citando como beneficiarios-ejemplo a un jefe de servicio del Ayuntamiento y a otros empleados municipales. Mientras que a un trabajador cualquiera se le cobra abusivamente por la inmovilización de su vehículo, a una privilegiada élite se le está dando beneficios que no le corresponden, llegando para ello a elaborar informes de tráfico “totalmente falsos” o incluso a ocultar información a los propios sindicatos quienes, según lamenta Nicolás Ruiz (UGT), antes recibían copias de las denuncias presentadas. 

Por si esto fuera poco, también se ha citado el caso de un vecino víctima de denuncias recurrentes por carecer de vado en su vivienda, pese a que el resto de viviendas de su urbanización se encuentran en el mismo estado e incluso aunque este vecino no tenga vehículo propio. Según los representantes sindicales, el motivo de tal acoso es una “pequeña discusión” con el jefe de la Policía Local, que ha llevado este tema al terreno de lo personal. 

Pese a que las denuncias a Hernández del Castillo son de índole muy seria y vienen tratándose desde hace largo tiempo, las acusaciones de los sindicatos parecen haber caído en saco roto. El alcalde Íñigo de la Serna y el resto de responsables municipales están al corriente de todos estos acontecimientos pero no han tomado aún medida alguna, lo que no hace sino levantar más sospechas sobre la transparencia y legalidad del sistema policial. A juicio de los cinco sindicatos, el silencio de estos responsables avala el comportamiento del jefe de policía, tras el que sospechan se esconde un negocio: la recaudación de importantes cantidades de dinero.

El Ayuntamiento no considera que haya infracción alguna

La intención última de los sindicatos es llevar estas denuncias al Juzgado, pero para ello han tenido que pasar primero por un procedimiento administrativo en el Ayuntamiento, donde se presentaron hace casi tres meses estas “irregularidades”, acompañadas de diversas pruebas y documentos que el propio Consistorio había solicitado. 

La respuesta ha llegado en forma de un comunicado de Antonio Gómez, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento, en el que se informa a los sindicatos de que la actuación policial en Sanander se rige “estrictamente” conforme a la ley. Gómez ha sido tajante en las declaraciones expuestas, explicando que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Santander han dictaminado que no hay infracción alguna apreciable.

IU exige una mayor investigación de los hechos

Las respuestas ante tan polémica situación no se han hecho esperar, e Izquierda Unida de Santander exige el “completo esclarecimiento” de la verdad. Según informa el portavoz de IU, Miguel Saro, es inconcebible que un problema de tal “gravedad”, sobre el que los sindicatos han estado trabajando durante meses y para el que se han presentado documentos y pruebas escritas, reciba una respuesta así por parte del Ayuntamiento: “Se [limita] a negar los hechos, sin el menor interés en abrir otras vías que ayuden a esclarecer la verdad”. Con el fin de llegar al fondo de este asunto, solicita que se forme una comisión de investigación “transparente y pública” que ayude verdaderamente a arrojar luz sobre todos los aspectos problemáticos y evite que se siga “alimentando la desconfianza”.