La Junta de Personal Docente no universitaria de Cantabria ha exigido a la Consejería de Educación que no conceda el concierto educativo a los colegios privados vinculados al Opus Dei Torrevelo-Peñalabra, y ha advertido que "no descarta movilizaciones ni acciones legales" si finalmente se decide financiar a estos centros, cuya reciente fusión "no es más que un fraude de ley que no engaña a nadie", con la "evidente" intención de recuperar la financiación pública sin modificar su "retrógrada y sexista" política de segregar al alumnado por sexos.

En este sentido, el STEC ha denunciado que la Consejería de Educación ha incluido cambios en la Orden que regula la concesión de conciertos educativos con el objetivo de favorecer el aumento de dichos conciertos a la privada.

"Sería escandaloso que la Consejería favoreciese un centro privado contra varias sentencias judiciales"

Recientemente la Dirección General de Personal y Centros Docentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria ha autorizado la integración, en el colegio Torrevelo del Peñalabra, para constituirse administrativamente en un único centro.

En un comunicado, la Junta de Personal Docente de Cantabria, integrada por los sindicatos STEC, CC.OO., CSIF, CC.OO. y UGT, manifiesta su "total rechazo" al concierto del Torrevelo-Peñalabra y recuerda que los propios responsables del colegio han anunciado públicamente que la fusión de ambos centros, uno masculino y otro femenino, "no implicará ningún cambio".

Para la Junta, la "declarada intención" del consejero de educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna es "políticamente escandalosa", por existir "conocidos vínculos" de altos cargos de la Consejería con el citado colegio y con la orden religiosa (Opus Dei) que dirige el centro.

Según la Junta, esta decisión política demostraría "una vez más" que los responsables de la Consejería de Educación "han mentido reiteradamente" cuando afirmaron que el aumento de la partida destinada a la financiación de centros educativos privados se debía "exclusivamente" a actualizar lo que ya se venía realizando en anteriores cursos.

Para la Junta, sería "inaceptable" que cuando se "congelan" los salarios del personal funcionario, se suben los impuestos, no se cubren las sustituciones en los centros públicos, los centros educativos aún no han recibido el dinero necesario para su funcionamiento, y se pretende "limitar" a una cifra "ridícula" la oferta de empelo público, la Consejería tenga como "prioridad política" financiar con dinero público a un centro que separa al alumnado por sexo, que "no atiende" a alumnos con necesidades sociales o educativas especiales y que cobra a las familias cuotas ("cínicamente llamadas voluntarias"), de "varios cientos de euros mensuales", incluso cuando disponían de concierto educativo.

STEC advierte de que la Consejería pretende favorecer el aumento de conciertos a la privada

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Cantabria ha emitido una nota de prensa en la que señala que la Consejería "no sólo no ha negociado con los sindicatos" la nueva Orden de concertación, sino que ha sido "directamente publicada en el BOC", sin "siquiera" informar. Incluso la Directora General de Centros intentó negar en la reunión mantenida el pasado miércoles que se hubiera incluido ningún cambio en la orden respecto a la del año pasado, a pesar de estar publicadas ambas y ser "evidentes" los cambios.

A partir de la actual Orden, los centros privados ya no necesitarán “tener capacidad para aumentar sus conciertos”, sino únicamente tener "autorización". Además, se amplía el plazo para modificar los convenios y, "lo más grave", se facilita el aumento de conciertos en unidades de Educación Infantil, señalando expresamente que "se favorecerá que se equiparen el número de unidades de Infantil con las de Primaria. Incluso, se facilita también el cambio de conciertos en Formación Profesional.

STEC ha reiterado su compromiso con la educación pública y denunciado una política "que pretende destinar más recursos a la educación privada", precisamente en una coyuntura de congelación salarial del personal funcionario, de retrasos continuados (que persisten a día de hoy) en el pago del dinero de los centros públicos     y recortes en derechos laborales y sociales.