"Sí se pudo" en el desahucio de un discapacitado, pese a la violencia policial

Marcos M.R.
| 16.01.2014

En la mañana de ayer, miembros de la PAH de Santander consiguieron paralizar el desahucio de Salva, un discapacitado que vive de alquiler en un piso de Nueva Montaña. En el transcurso del intento de desahucio, un activista fue herido por efectivos de la policía al dislocarle un hombro.

La PAH no suele actuar en casos de impago de alquileres, pero éste es un caso excepcional.

Los miembros de la PAH llevan meses intentando buscar una solución para Salva, pero solo han obtenido excusas por parte del Ayuntamiento de Santander que niega tener pisos de su propiedad disponibles. La PAH asegura que esto es falso y que hay decenas de ellos por todo el municipio, inutilizados pese a la situación de alarma social que estamos viviendo. Además, en la propia sentencia de desahució se incluyó un aviso a Servicios Sociales del Ayuntamiento para que le ofrecieran una solución a Salva.

Por esta razón, desde La PAH se decidió actuar. En primer lugar, con el fin de evitar que Salva se quedara en la calle y, además, como medida para presionar al Ayuntamiento para que cumpliera con su obligación.

El transcurso de los hechos

La PAH de Santander hizo un llamamiento para que todo aquel que pudiera acudiera a la estación de Renfe de Nueva Montaña, situada al lado de la vivienda, a las 9 de la mañana.

La Policía Local de Santander acudió a la vivienda para informar de que en el caso de no permitirse la realización del desahucio, ellos no intervendrían, pero llamarían a la Policía Nacional. También un funcionario del juzgado hizo acto de presencia en el lugar.

Las personas allí concentradas informaron de la situación de Salva tanto a los policías municipales, como al trabajador del juzgado. Así mismo, se les informó de que solo pedían un mes más de prórroga para evitar que Salva se quedara en la calle, buscando que durante ese tiempo el Ayuntamiento ofreciera alguna solución y de que si esta prórroga era concedida, no se volvería a tratar de impedir el desahucio dentro de un mes. Sin embargo, el abogado de la propietaria de la vivienda no atendió a razones, presionando al funcionario judicial y a los policías para que se ejecutara la orden de desahucio.

En esa situación, los allí presentes tomaron la decisión de resistir pacíficamente. El funcionario judicial llamó a la policía ante la resistencia pasiva de la PAH y en poco tiempo tres furgones acudieron al lugar y comenzaron el desalojo.

La gente concentrada en la vivienda se dividió: dos personas se quedaron dentro del piso con Salva, un grupo se mantuvo en el interior del portal manteniendo la puerta cerrada, y  el resto de personas se sentaron en las escaleras que dan acceso al portal.

La policía intentó levantar a las personas de este último grupo para acceder al portal empleando incluso el kubotan, un arma irregular, y al hacerlo hirieron a una de ellas, que tuvo que acudir posteriormente a Valdecilla con un hombro dislocado.

Los que aún quedaron en las escaleras decidieron introducirse en el portal apoyándose de espaldas contra la puerta con el objetivo de que los agentes tuvieran que romper la entrada para acceder. Ante esto, la policía tuvo que abandonar su intento, puesto que tenían orden de no romper ningún elemento de la vivienda.

Los resistentes salieron del portal al grito de “sí se puede” cuando se cercioraron que la policía se había marchado.

La responsabilidad del Ayuntamiento de Santander

A las 7 de la tarde, miembros de la PAH fueron al ayuntamiento a reiterar la petición de una solución para el caso. Se pedía un alquiler social acorde a las circunstancias personales y económicas de Salva en cualquiera de los muchos pisos municipales que están inutilizados.

Los representantes del consistorio municipal les ofrecieron las mismas soluciones de siempre: un piso tutelado compartido con otras personas en situación parecida a la de Salva o una residencia. Un miembro de la PAH Santander nos ha informado después de la reunión que Salva parece haber encontrado un piso compartido con una persona mayor, por lo que en el plazo aproximado de una semana podrá abandonar la vivienda en la que actualmente reside.

En este caso ha quedado patente la negligencia del Ayuntamiento de Santander a la hora de buscar soluciones para una persona en caso de exclusión social. Con su reiterado desinterés, causó esta situación de tensión vivida, además de las molestias a la propietaria del piso.

El caso de Salva es uno de tantos ejemplos de cómo el equipo de gobierno encabezado por Íñigo de la Serna está más preocupado de vender una imagen “Smart” de Santander, que de preocuparse por la situación, cada vez peor, de las clases populares de la ciudad. La realidad de un municipio afectado por el paro que solo encuentra en sus representantes políticos la voluntad de esconder los problemas existentes tras humo de infografías.

[2ª imagen extraída de ElFaradio]

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