Se suspende el juicio del 'Caso Mioño', con petición de inhabilitación para Muguruza y otros ocho concejales y funcionarios municipales

Redacción
| 05.04.2011

Emugu_kaikal conocido como 'Caso Mioño', relativo a la presunta adjudicación -de forma directa y sin publicidad- de unas obras en el túnel de dicha localidad y en el mercado municipal de Castru, a una empresa del hermano de uno de los concejales del municipio, iba a comenzar a juzgarse hoy martes, con acusación, entre otros, para el alcalde castreño, Fernando Muguruza (ex-PRC); el concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez López 'KyK" (ex portavoz del PP), Salvador Hierro (concejal de IU) y el gerente de la empresa adjudicataria, Izeta. Finalmente ha sido aplazado por enfermedad de uno de los acusados, Gregorio Alcedo, que ha presentado un informe médico que lo certifica.

Según informa MuchoCastro, los hechos se remontan al año 2004, cuando se contrataron las obras para limpiar y acondicionar el trazado del túnel del antiguo tren minero, en Mioñu. Según sostiene la Fiscalía, el responsable de la empresa Izeta, Ignacio Díez Muro, "valiéndose de su condición" de hermano del por entonces concejal regionalista de Industria en el consistorio castreño, Jaime Díez Muro, entabló contactos con Salvador Hierro, concejal de obras por Izquierda Unida, para asegurarse la adjudicación. Entregó personalmente a Hierro una oferta que el edil no trasladó ni al Servicio de Contratación ni a la Comisión de Obras, sino que llevó directamente a la reunión de la Junta de Gobierno, donde fue aprobada por unanimidad, aún a sabiendas de la "ausencia total de expediente administrativo" y de que era la única oferta presentada. En concreto, la oferta recibió en la Junta el respaldo del alcalde, Fernando Muguruza (tránsfuga del PRC), y de los concejales Jaime Díez Muro (hermano del empresario adjudicatario), José Miguel Rodríguez López (ex-PP), Santiago Vélez (IU), Concepción Carranza (ex-PP) y Juan Tomás Molinero (ex-PRC). El secretario municipal, por su parte, "incumplió" presuntamente su obligación de advertir de que la contratación carecía de expediente y estaba fuera del orden del día.

En el caso de las obras de eliminación de barreras en el mercado municipal, la Fiscalía explica que el Gobierno Municipal decidió en diciembre de 2004 solicitar tres presupuestos, pero antes de llegar dicho acuerdo al Departamento de Contratación, Izeta ya presentó una oferta que entregó en la Concejalía de Obras sin pasar por el registro público de entrada. Entonces, el concejal de IU Salvador Hierro eludió de nuevo el procedimiento administrativo correspondiente, llevando el presupuesto directamente a la Junta de Gobierno, que volvió a aprobarlo por unanimidad a sabiendas de la falta de expediente administrativo. El acuerdo fue trasladado a la Intervención para autorizar los pagos, y el interventor lo tramitó sin poner reparo, pese a conocer que la adjudicación se había hecho sin expediente administrativo.

En total, el fiscal asegura que Izeta obtuvo un beneficio de unos 7.000 euros por estas dos obras (3.525 euros por las obras del túnel de Mioño, cuyo presupuesto fue de 58.765 euros;, más otros 3.563 de beneficio empresarial en las obras del mercado, que costaron 59.680 euros). A su juicio, el responsable de la empresa incurrió en un delito continuado de "tráfico de influencias", por lo que solicita una condena de un año de cárcel y el pago de una multa de 14.000 euros.

En cuanto a los ediles y funcionarios municipales, imputa delitos de prevaricación al secretario municipal, César Sainz; al interventor, Gregorio Alcedo, y al entonces concejal regionalista Tomás Molinero; así como delito continuado de prevaricación al alcalde y al resto de ediles, puesto que intervinieron en las dos adjudicaciones. Las peticiones para todos ellos son de inhabilitación: de siete años para el secretario, el interventor y el edil Molinero; de diez años para Salvador Hierro y para Jaime Díez Muro; y de ocho años y nueve meses para el resto de ediles (el alcalde, Rodríguez López, Carranza y Vélez).

La primera causa de una larga lista

El 'caso Mioño' es el primero de una larga lista de procedimientos que el magistrado Acayro tiene en fase de instrucción. Con el aplazamiento de hoy,  no se reanudará hasta dentro de 15 días, pero en total hay más de una docena de causas.

El 'caso Trapur' (el de la presunta adjudicación irregular de los trabajos de desratización en el municipio a la empresa castreña Trapur) es el siguiente que llegará al juzgado. La Audiencia Provincial ha fijado el comienzo de las sesiones del juicio oral para el mes de junio. Cinco son las personas acusadas. Entre ellos 'KyK',  que se enfrenta a diez meses de prisión por tráfico de influencias, inhabilitación para cargo público durante 15 años y multa de 200.000 euros. Para Muguruza, la acusación popular pide diez años de inhabilitación.

El 'caso La Loma' -el de las presuntas irregularidades urbanísticas por falta de licencias y construcción de viviendas en suelo público-, que sigue en fase de instrucción, es otro de los asuntos más polémicos que instruye Acayro, ya que llevó al alcalde de Castro al penal de El Dueso durante 19 días.

'KyK' y Muguruza presentan nuevo partido, mientras IU confirma la continuidad de Hierro en su formación

Precisamente los que fueran máximos representantes del PP y PRC, 'KyK' y Muguruza, presentaban el pasado viernes su nuevo partido, Alternativa Castreña Independiente. Con domicilio social en la fábrica textil  'Portus Amanus', ACAI pretende "potenciar Castro Urdiales, dentro y fuera de sus límites geográficos", cohesionando sus "diferentes culturas". También hace hincapié en "huir de corsés ideológicos": "la derecha se aprovecha de la bandera y el PSOE del concepto de progreso", ha añadido el regidor castreño, quien ha abogado "por integrar ambos conceptos". El primer alcalde de la historia de Cantabria que entró en la cárcel durante  el ejercicio de su cargo, afirmó también estar trabajando en intentar "que los ciudadanos hagan una elección acertada de sus representantes políticos".

Respecto al aplazamiento del juicio, Muguruza ha asegurado que "no está en mi ánimo ni en el de ninguno de los acusados que se dilate en el tiempo el juicio. Mi deseo era que se celebrase hoy, pero ha sido una decisión que ha tomado el juez y la acato". En realidad, esta decisión puede facilitar la presencia de los acusados en las elecciones.

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, Jorge Crespo, aseguró recientemente que Salvador Hierro, el edil de esta formación que gobierna el Ayuntamiento de Castro  Urdiales con tránsfugas del PP y PRC, sigue dentro del partido. Pese a que en noviembre de 2009 aprobaron la suspensión temporal de militancia de Hierro y Santiago Vélez por su imputación en estos delitos de prevaricación, Crespo quiso dejar claro que desde IU "apoyamos la inocencia de Salvador Hierro, porque en el Ayuntamiento de Castro no hay ningún corrupto. Otra cosa es que haya podido haber algún error". Explicó que la situación del concejal castreño se resolverá tras la celebración de los juicios pendientes y que deberá solventarse también internamente el recurso que presentó Hierro contra su baja del partido: "Se está atacando a Hierro y hay un silencio cómplice con Revilla, responsable de las sentencias de derribo que pesan sobre varios ayuntamientos de la región", apuntan desde IU.