La nueva ley electoral española disuelve los últimos concejos abiertos

Diegu S. G. Redacción
| 27.03.2011

conceju_abiertu_en_PesqueraLa nueva Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece la disolución de los últimos concejos abiertos cántabros y medidas restrictivas para la presentación de candidaturas, mientras aumenta las subvenciones otorgadas a los partidos políticos con representación. Abora señala “el sinsentido” que supone “que algunos hablen de democracia y supriman el mejor ejemplo de organización democrática de Cantabria”.

El conceju abiertu es una forma organizativa ancestral de tipo comunitario propia de Cantabria y otros pueblos del norte peninsular, mediante la cual los habitantes de las aldeas se reunían en asamblea (generalmente en torno a un árbol) para gobernar la comunidad.

En 1550 se documentan en Cantabria unos 600 concejos abiertos, que creaban derecho popular a través del consuetudinario (ordenanzas concejiles). Esto ha llevado a Félix Rodrigo Mora, autor del libro 'Naturaleza, Ruralidad y Civilización' en defensa del comunal, a afirmar que “decir Cantabria es decir concejo abierto”. En su obra ‘Antropología Social de Cantabria” Ana M. Rivas señala que “Hasta el siglo XIX, el concejo abierto era el máximo órgano encargado de mantener y ordenar en común, la utilización de los bienes del pueblo y reglamentar comunalmente, la economía de cada vecino".

Sin embargo, el concejo como órgano de gobierno ha ido viendo restringidas sus funciones. Félix indica que “la Constitución Española de 1812 atacó la personalidad jurídica de estas asambleas directas, imponiendo los ayuntamientos, que pueden considerarse continuación del concejo cerrado oligárquico" que se había ido constituyendo en Castilla "desde el siglo XIV en las grandes villas y ciudades. Sin embargo, la precariedad en la que se encontraban los primeros ayuntamientos permitió que los vecinos siguieran gestionando los bienes comunales mediante concejo”.

concejuCantabria es la Comunidad Autónoma del Estado con mayor densidad de juntas vecinales (más de 500 de un total de algo más de 3000). Las Juntas, indica Ana M., “son de reciente creación y responden al deseo de uniformización del poder central”, y su altísima densidad en Cantabria (es seguida de lejos por la Comunidad Autónoma Vasca, que contabiliza unas 300) respondería a ese sustrato de concejos y batzarres, respectivamente. En opinión de Ana M., “las sucesivas leyes municipales desde 1870 hasta la de 1985 han ido restringiendo las funciones de los concejos abiertos. Si bien reconocen éste como asamblea vecinal y el alcalde pedáneo es elegido por los vecinos, el espíritu de democracia directa ha desaparecido porque los vocales que forman la Junta Administrativa los elige la Corporación Municipal, quedando así relegadas las Juntas Vecinales a los intereses particulares de los partidos. Esto ha sido interpretado por los vecinos como un intento de injerencia de la administración central. La Junta aparece como un poder ajeno y extraño, totalizante y absoluto”. Incluso, en muchos ayuntamientos, como Miruelu, Entramasaguas, Arredondu, Ampueru o Miera, han desaparecido las Juntas, reemplazadas por órganos unipersonales. “Si ya la sustitución del concejo abierto por la Junta Vecinal representa una pérdida, la inexistencia de la Junta supone una total dependencia respecto a la autoridad municipal”, reflexionaba en su libro de antropología antes de que ciertos discursos políticos, escudados en la crisis económica, estén planteando ahora la disolución de estas entidades.

La constitución española de 1978, así como la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, vuelven a reconocer la figura del concejo abierto, pero limitándolo a entidades locales de no más de 100 vecinos y con un carácter que Mora tacha de “sucedáneo del concejo primigenio” ya que “no es una asamblea vecinal soberana, pues queda subordinada a la compleja legislación estatal, autonómica y europea”.

Hoy en día sólo quedan dos concejos abiertos en Cantabria: Pesquera (Campoo) y Tresviso (Liébana), amenazados de muerte por la nueva ley electoral, que establece que los municipios con menos de cien habitantes dejarán de elegir un único representante con el resto de los electores con derecho a voz y voto en un método de democracia directa, pasando a nombrar a tres representantes que funcionarán como corporación, disolviendo el conceju abiertu. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que las localidades vuelvan a organizarse en concejo abierto si es su voluntad expresa, aunque se supedita también a que los tres concejales aprueben por unanimidad esta conversión. De esta forma, ser o no ser conceju abiertu pasa a ser "opcional", exigiéndose una voluntad manifiesta plasmada en una mayoría absoluta. No obstante, los representantes de los grandes partidos consultados y el Diario Montañés, cerraban la puerta a esa posibilidad de facto

En opinión de Javier Campo (PSOE), alcalde de Tresviso desde hace doce años, es difícil saber si las cosas irán a mejor o a peor: “Una corporación lo tiene más fácil para dirigir un municipio, pero también se perderán algunas cosas. Todo tiene un lado bueno y otro malo”. Más crítica se ha mostrado Abora, única organización política que se ha pronunciado en contra de esta medida hasta el momento. Los independentistas denuncian que “el modelo de democracia directa que representan los concejos nunca ha interesado a las oligarquías y al capital”, anticipando “el enfrentamiento entre dos formas opuestas de entender la participación: una democrática y cántabra, y otra sometida a los intereses del capital, los partidos políticos y otros grupos de poder”.

La nueva ley electoral, tachada de "antidemocrática".

La nueva LOREG también introduce otras novedades que desde Abora tachan de “antidemocráticas”, como la exigencia a los partidos políticos que quieran presentar candidaturas al Congreso o Senado españoles, de recoger el 0,1% de firmas del censo electoral de la circunscripción, lo que en opinión de los analistas consultados por este diario supone "un ataque frontal a la participación y pluralidad políticas”. "Estamos ante una medida que se suma a otras como la paridad de sexos en las candidaturas, con el objetivo evidente de frenar un posible incremento del voto de castigo en este régimen partitocrático". Además "aumentará el control social, puesto que el Estado conocerá la preferencia de voto de miles de personas, que como establece la norma “sólo pueden firmar en apoyo de una candidatura". Y concluyen: "El Estado Español ha tomado la senda de constreñir cada vez más la democracia representativa”. Además, la misma modificación legislativa incluye un incremento de las subvenciones otorgadas a los partidos políticos con representación, pese al contexto de crisis económica.

Las organizaciones de izquierda, por el contrario, parecen optar por fórmulas cada vez más directas y representativas. En este sentido, la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) convoca periódicalmente un concejo abierto en la capital del Besaya, en el que hace balance de las propuestas presentadas, expone las líneas de trabajo futuras y recoge aportaciones de los ciudadanos. No es el único caso, en Viérnolis, y cada vez en más localidades, barrios y ámbitos, al margen de las instituciones, resurge el conceju abiertu como fórmula de democracia participativa vinculada a la gestión de propiedades comunales.