La inversión en Justicia está congelada por una incorrecta negociación con el Estado

Redacción.
| 07.09.2011

LLeticia_Daz_e_Ignacio_Diegoa consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, ha denunciado ayer martes en el Parlamento que la Administración de Justicia en Cantabria arrastra un desfase de un millón de euros anuales, consecuencia "de una incorrecta cuantificación de los gastos de personal" en la negociación para el traspaso de las competencias del Estado a la Comunidad Autónoma. Por este motivo, la consejera ha reconocido que se ha congelado la inversión. Por su parte, PSOE y PRC han pedido al Gobierno que no paralice las inversiones en Justicia.

Según la consejera, el "desfase" entre lo que se negoció en el traspaso y el coste real del capítulo de personal nace del hecho "de no haber tenido en cuenta el coste de la homogeneización de las retribuciones con las del resto de empleados públicos del Gobierno de Cantabria".

La consejera ha afirmado que los presupuestos del anterior Gobierno en el área de Justicia eran "ficticios" porque no recogían el coste real de las plantillas y "a mitad de año se buscaba dinero por ahí para poder pagar las nóminas". Ha añadido que la Dirección General de Función Pública tenía una bolsa de dinero para imprevistos que desde entonces "ya no existe, porque se ha agotado en financiar una competencia que no se cuantificó correctamente".

Leticia Díaz ha enmarcado que en este contexto las declaraciones realizadas por el presidente autonómico, Ignacio Diego, sobre la posible devolución de competencias al Estado, porque "recibir una competencia mal tramitada en cuanto a cuantificación es un lastre para la Comunidad Autónoma", ha dicho.

La consejera, que ha comparecido en el Parlamento a petición propia para informar de los objetivos y proyectos de su departamento en los próximos cuatro años, ha realizado estas afirmaciones después de que tanto el portavoz social-liberal, Francisco Fernández Mañanes, como la regionalista Rosa Valdés, sacaran a colación las palabras de Ignacio Diego y mostraran su preocupación y rechazo al respecto.

Paralización de las inversiones

Fernández Mañanes (PSC-PSOE) se ha congratulado de que el Gobierno "haya decidido no hacer nada" al respecto pese a que en el PP existe una "corriente mayoritaria que aboga" por la devolución de competencias de las Comunidades Autónomas al Estado. También ha pedido a Leticia Díaz que no se paralicen las inversiones en este área, en el que a su juicio "no cabe ni punto muerto ni marcha atrás", porque la Justicia también "contribuye a la mejora de la economía".

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz del PRC, Rosa Valdés, quien ha subrayado que el apoyo a las competencias de Justicia también es "una política social" y ha criticado el anuncio de Diego de que las obras de la nueva sede judicial en la antigua Tabacalera no se acometerán en 2012.

La consejera ha afirmado que ese proyecto es una "prioridad" para el Gobierno de Ignacio Diego, que "no lo abandona sino que lo abandera", y ha pedido a los grupos de la oposición que digan "de donde sacamos los fondos para hacerlo". Su ejecución "dependerá de cómo vaya la evolución de ingresos", comentó Leticia Díaz a los medios de comunicación al término de la comparecencia.

Mientras que los portavoces de PSOE y PRC defendían la gestión del anterior gobierno y aseguraban que su herencia no es tan mala como la pinta el PP, la titular de la Consejería de Presidencia y Justicia destacaba que el nuevo Gobierno se ha visto obligado a "congelar la inversión" porque se ha encontrado un presupuesto ejecutado al 80%, un déficit del 1,3% en mayo, el tope de lo permitido a final de año, además de un importante volumen de gasto comprometido y la obligación de hacer recortes para llegar a ese objetivo de déficit.

Díaz ha añadido que el Plan de Reequilibrio Financiero del anterior Gobierno contemplaba subidas de impuestos y recortes "donde más duele, en educación y sanidad". En cuanto a la Administración de Justicia, ha afirmado que a la mala negociación de las transferencias se une un modelo de gestión "ineficaz" que hace que, por ejemplo, se gasten 139.000 euros anuales en taxi para notificaciones, cuando el Gobierno cuenta con un parque móvil de más de 400 vehículos. Según ha señalado, por este concepto se llevan gastados este año 102.000 euros y existe una deuda de 63.000 euros que "no sabemos cómo pagar".

Sedes judiciales

En cuanto al resto de sedes judiciales, ha explicado que "están ya encima de la mesa" los proyectos para trasladar los Juzgados de Santoña desde su sede actual a la del antiguo Ayuntamiento de la villa; y la rehabilitación de los Juzgados de Laredo. Además, se hará un estudio detallado de las sedes de los Juzgados de Paz para acondicionarlas debidamente, porque "hay muchas quejas y estamos en disposición de afrontarlas", ha dicho la consejera.

Otros objetivos en este ámbito pasan por avanzar en la modernización tecnológica de la Administración de Justicia, estimular la utilización de la firma electrónica, y "reestablecer el diálogo" con los operadores judiciales, que según Díaz y el portavoz del PP, Julio Bartolomé, estaba "francamente deteriorado", extremo que rechazó Rosa Valdés asegurando que existía "diálogo permanente".

Además, la Consejería quiere establecer sistemas de coordinación entre los Juzgados de Paz y analizará la posibilidad de implantar un Servicio Común General en Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, como primer paso para la implantación de la nueva Oficina Judicial en Cantabria, y en paralelo, poner en marcha los mecanismos necesarios para la implantación de la nueva Oficina Fiscal.

 

[Información extraída de AquíConfidencial e magen del blog de STAJ Cantabria]