La exalcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, será llevada al Tribunal Supremo por supuesta prevaricación

Redacción.
| 17.02.2014

La exedil santoñesa y única diputada en el Congreso por el PSOE de Cantabria, Puerto Gallego, cometió presuntamente un delito de prevaricación entre 2003 y 2009 según lo que se desprende del auto de la jueza del municipio, Rocío Rubio, que se ha conocido esta semana. Gallego y su equipo habrían fraccionado contratos para así poder adjudicarlos “a dedo” y no tener que sacarlos a concurso, pese a las advertencias de ilegalidad de los interventores municipales.

La investigación comenzó tras la denuncia interpuesta en febrero de 2009 por Leoncio Calle Pila, de Falange Española, y a la que más tarde se unió la actual alcaldesa del municipio, Milagros Rozadilla (PP). La jueza ya ha tomado declaración como imputados a los ocho concejales así como a los interventores, sin embargo, el carácter de aforada de Gallego le impide citarla como imputada por lo que al ser diputada nacional es el Tribunal Supremo el que tiene esa competencia.

 Rocío Rubio considera que existen “claros indicios” de la comisión del delito de prevaricación por parte de la alcaldesa pues, tal como apunta el Diario Montañés, en el auto se señala que entre los años 2003 y 2009 se adjudicaron a las empresas Atys SL, Taesa 2000 SL, Arko SL y Limpiezas Veci determinados servicios “prescindiendo de concurso previo cuando se producía la superación de la cuantía para contratación menor (18.000 euros)”. A esto se une que el procedimiento utilizado no era de carácter abierto, es decir, se adjudicaba “a dedo” y que no existía expediente alguno que acreditara las facturas derivadas de la contratación. En muchos casos, además, se aprecia “la existencia de un claro fraccionamiento del objeto de los contratos con la intención de eludir el recurso a los procedimientos legalmente establecidos”, es decir, el concurso público.

Los concejales imputados han declarado a las preguntas de la jueza que no conocían los procedimientos ni su posible ilegalidad, pero la jueza duda de la veracidad del argumento pues le constan los reparos presentados por los interventores en numerosas ocasiones durante los seis años de gobierno sobre la ilegalidad de fraccionar los contratos. De hecho, Rubio señala que tanto la exalcaldesa como los concejales “continuaron realizando tales prácticas, presuntamente a sabiendas de su ilegalidad, y lesionando el interés colectivo al fraccionar los contratos para no desarrollar el expediente de adjudicación, excediendo los límites de la cuantía legalmente establecida”.

 Por su parte, Gallego declaró ayer viernes que se siente muy tranquila con la gestión que hizo del ayuntamiento de Santoña durante su mandato, y se muestra segura de que el Tribunal Supremo archivará la causa.

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