Desahucio paralizado en Santoña

Diegu S. G.
| 25.09.2013

"Muchísimas gracias a todos por la ayuda, por hacer posible que sigamos en casa", han sido algunas de las palabras que Manuel, compañero de Inma, padre de dos hijos y vecino de la santoñesa Calle Méndez Núñez, ha dirigido a los paisanos que, pasada la hora del lanzamiento del desahucio, celebraban al grito de "sí se puede" y "el pueblo, unido, jamás será vencido", la noticia de que el desahucio había quedado aplazado y podrían mantener su casa, al menos temporalmente.

Convocados por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAHs) cántabras, unas 80 personas de diversas localidades de Cantabria se habían concentrado desde las 12 horas junto a una pancarta de "No al genocidio financiero", para solidarizarse contra el desahucio que pesaba sobre una familia de Santoña cuya casa mantiene una deuda hipotecaria con Bankia.

Aunque ya se había informado del aplazamiento, la Comisión Judicial se ha presentado en el vecindario pasadas las 13 horas, momento en el cual todo el mundo se ha agolpado frente a la puerta con intención de impedir el paso con una cadena humana. Tras un intercambio de pareceres con los portavoces de la PAH, éstos han dado media vuelta.

Otra familia víctima de la crisis capitalista y del sector inmobiliario

Inma y Manuel suscribieron en 2005 una hipoteca con Bankia. Entonces no faltaba el trabajo, y el banco recientemente rescatado con dinero público no puso reparos ni exigió aval alguno para otorgarles un crédito de 130.000 euros. Con el tiempo nacerían sus dos hijos, que ahora tienen 3 y 6 años.

Pero con la explosión de la burbuja inmobiliaria generada por la clase política, las constructoras, inmobiliarias y las propias entidades bancarias, Manuel perdió el trabajo, con el agravante de que la cuota mensual del crédito fue creciendo al ritmo del Euribor, pasando de 460 euros a 900 euros mensuales. Luego Inmaculada también perdió el empleo. En abril de 2010, Bankia advirtió a la familia de que la deuda había engordado hasta los 145.000 euros. Meses después, el 5 de octubre de 2011, el piso salió a subasta en 162.000 euros y se lo adjudicó el banco por el 60% del débito. La familia ha seguido viviendo en el piso, ya propiedad del banco. Y es que, mientras siga sin aprobarse la dación en pago, ya ni el desahucio serviría para saldar la deuda, pues las costas judiciales, los intereses de demora y el crédito que todavía queda pendiente suman un total de 97.560 euros.

Probablemente haya que volver a hacer frente al desahucio el 23 de octubre

El juzgado ha aplazado hasta el próximo 23 de octubre el desahucio, lo que otorga un respiro a la familia santoñesa, que va a tratar de aprovecharlo para conseguir un alquiler social y negociar de nuevo con el banco, a través de un abogado que facilitará la PAH. Consideran que su caso encaja dentro del decreto antidesahucios del Gobierno, que permitiría a esta familia permanecer hasta dos años más en el piso. Si no fuera así, los concentrados ya han anunciado que volverán el próximo 23 de octubre a ejercer la resistencia pasiva para salvar la vivienda familiar.

Discreta pero tiránica actuación policial

Mientras la Policía local de la localidad circundaba la zona durante toda la mañana, aparentemente la Guardia Civil sólo ha enviado una pequeña patrulla a acompañar a la Comisión Judicial. Sin embargo, diversos vecinos de la comarca han reconocido de incógnito a un guardia civil que, desde el exterior, tomaba fotografías de las personas solidarias concentradas pacíficamente. Algunos han tratado de corresponderle haciendole una foto también, pero éste rápidamente se ha ocultado. Cuando se han acercado, el presunto miembro del instituto armado ha huído de la zona.

No es un caso aislado, sino que forma parte de la represión "de baja intensidad" que están llevando a cabo el Gobierno, que acumula sanciones administrativas "contra todo aquel que cuestione sus políticas anti sociales”, denuncia la PAH. Incluso, la propia Asociación de Prensa de Cantabria (APC) ha emitido una nota de prensa en la que solicita la retirada de la denuncia que pesa sobre el periodista Francisco Gómez Nadal, por "alteración del orden público" en la reciente ocupación de la sede de Bankia que la PAH llevó a cabo en Torlavega. “Lo que me preocupa no es el juicio en sí, sino el antecedente que esto supone en Cantabria. Hay un cambio de política y ahora las autoridades no están dispuestas a que el ejercicio de las libertades básicas empañen su imagen”, señalaba el periodista.

Activistas de la PAH, un colectivo que actúa de forma totalmente pacífica y transparente para evitar que las familias sean desahuciadas, han señalado ser conscientes de que la policía española está haciendo un archivo de las personas solidarias, porque en acciones pasadas han sido identificados "por fotografías", cuando no tienen ningún tipo de ficha o archivo penal. Sin embargo, parecían tomárselo con filosofía y desde luego, están dispuestos a continuar su labor sin ser amedrentados por este tipo de actuaciones policiales.

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