El TSJC anula los parques eólicos de Somballe y Lantueno

Redacción.
| 17.10.2011

desorden_elicoEl Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) estima así el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa contra los acuerdos del Consejo de Gobierno en cuanto a los proyectos de ejecución de los parques eólicos de Somballe y del Parque Eólico de Lantueno, en la comarca de Campoo.

En la sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo aboga por una evaluación de impacto ambiental de forma conjunta en los parques eólicos cuando se encuentren próximos a otros en la misma zona, como en este caso, donde esos dos proyectos se sumaban a otros dos.

Los acuerdos del Consejo de Gobierno en torno a estos proyectos de energía eólica fueron autorizados en 2008 siguiendo la normativa del año 2000 para la implantación de parques eólicos en Cantabria.

En el fallo, la Sala advierte de que el Estudio de Impacto Ambiental es incompleto, al no tener en cuenta la cercanía de los parques de Campóo Alto y La Costana, además de faltar un estudio de conjunto acerca de la incidencia de "todos los proyectos" de parques eólicos en la zona Campoo Alto, respecto a la flora, fauna, y paisaje, etc.

El Ayuntamiento entendía que se autorizaron en base a evaluaciones de impacto "erróneas", al no tener en cuenta la proximidad de hasta cuatro parques entre sí, haciendo hincapié en que los proyectos de Somballe, Campoo Alto y La Costana, llegaban a formar un único parque "desde el punto de vista funcional y medioambiental", pese a que tuvieran una tramitación diferente que había "subvertido" la finalidad de la normativa de impacto ambiental, en lo que ven como un "fraude de ley".

Frente a eso, el Gobierno de Cantabria alegaba que la estimación realizada ya tenía en cuenta el impacto conjunto de tres de los parques. Las cuatro autorizaciones ambientales tenían la misma fecha, apunta la Sala, que detalla que los argumentos del Gobierno se limitaron a una "somera" descripción de las ventajas de contar con una línea de evacuación de la energía, pero con una "ausencia total" de estudio de conjunto sobre la incidencia de la "acumulación" de proyectos de la zona en la fauna, flora y paisaje, lo que supone que "no se ha cumplido la legislación".

Sin evaluación conjunta, proyectos nulos

El TSJC establece en la sentencia que el informe y la evaluación de impacto ambiental deben tener en consideración el impacto "en conjunto". "Si no lo han realizado así, debe considerarse incompleta la evaluación y nulo el proyecto", manifiesta.

Y ordena, en consecuencia, la realización de un nuevo estudio, con un procedimiento de evaluación ambiental que tenga en cuenta que la zona elegida para el emplazamiento es "muy sensible", con un "altísimo valor ambiental", por lo que no debería permitirse "una transformación radical".

Los planes directores de estos parques (Somballe y Lantueno) se aprobaron en 2006, y la estimación de impacto ambiental, en octubre de 2007. El fallo relata como los parques de Somballe y Lantueno se iniciaron en 1998, y los de Campoo Alto y La Costana, en 2002, por lo que no se corresponden con las previsiones del Plan Energético aprobado en 2005, con vigencia hasta 2011.

Arasti señala que la sentencia confirma la inseguridad jurídica que generó el anterior gobierno

El consejero de Industria e Innovación del PP, ha obviado que los parques anulados por el TSJC seguían la normativa aprobada en el año 2000 por el Gobierno del PP, señalando que la sentencia "confirma que las decisiones del anterior Gobierno se caracterizaron por una marcada inseguridad jurídica".

En opinión de Eduardo Arasti, el anterior gobierno "nos ha metido en un lío jurídico difícil de desembrollar", y ha señalado que ahora, los servicios jurídicos de la Administración autonómica tendrán que estudiar todos los pormenores de la sentencia y "seguir el camino" más favorable a los intereses de Cantabria.

"Olvidando" que fue el Gobierno del PP que presidía José Joaquín Martínez Sieso quien fijó la normativa del concurso anulado, el consejero ha reiterado que frente a la "inseguridad jurídica" de la anterior etapa, el Gobierno del PP apuesta por "criterios de sostenibilidad y de seguridad jurídica, por conseguir el máximo consenso posible, no sólo con el resto de partidos, sino también con empresarios, asociaciones, y toda la sociedad en general, y también por criterios técnicos, como por ejemplo -ha dicho- de coordinación con lo que se hace en cuanto a la planificación a nivel estatal".

CORE defiende que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental está "viciado" y que hay que volver a "refundarlo"

La plataforma 'Cántabros por la ordenación racional de la energía eólica' (CORE) cree que el TSJC ha puesto "en entredicho" los procedimientos de evaluación ambiental de parques eólicos. En un comunicado señalan que la Sala de lo Contencioso Administrativo, con su sentencia, "evidencia la ligereza con la que se tramitan ambientalmente los parques eólicos" en Cantabria.

CORE viene defendiendo que el desarrollo eólico debe venir precedido de una evaluación ambiental estratégica del conjunto de parques que se vayan a instalar y espera que el Gobierno de Cantabria tome buena nota de ello.

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