Suspendida la ley cántabra contra el fracking

Patricia Manrique (Diagonal)
| 27.01.2014

“La vía administrativa cada día está más complicada, visto el panorama legal, y la movilización social se impone como única manera de que, entre todos y todas, paremos el fracking”, señalaba la Asamblea cántabra contra esta técnica previendo lo que  de hecho ha ocurrido. La interposición por el Gobierno central de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley prohibicionista autonómica, que ha sido aprobada el 25 de enero en Consejo de Ministros, supondrá la suspensión automática de dicha ley. El Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre si continúa o no en vigor, una decisión que podría demorarse unos cinco meses.

Cantabria ha sido la primera comunidad autónoma cuya prohibición es recurrida por el Estado por "vulnerar" la Ley De Hidrocarburos recientemente modificada. Tras Cantabria, se aprobaron sendas legislaciones en La Rioja y Navarra que, sin expectativas respecto a las comisiones bilaterales entre Comunidades y Estado, se espera que sigan la misma suerte.

¿PP contra PP?

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández (PP) comparecía en rueda de prensa tras el anuncio del recurso para afirmar que el Gobierno autonómico buscará "todos los argumentos legales y normativos" para impedir esta técnica. Fernández ya señaló que, en el supuesto de que la ley fuera recurrida ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno autonómico estaba decidido a denegar todos los permisos que se soliciten a la Comisión regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para la utilización del suelo con este fin, por lo que concluía que "no va a haber fracking en Cantabria ".

Por su parte, la Asamblea cántabra contra el fracking valora la postura del Ejecutivo, pero duda de su firmeza y de que esta baste para que no se utilice la fractura hidráulica en la Comunidad. Se preguntan cuál será el margen del Gobierno autonómico para ampararse en la ordenación del territorio, y subrayan que "en todo caso, las empresas no cejan". Además, temen que, al haberse modificado la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, con una reducción “a cuatro meses” de los plazos para presentar el informe de evaluación ambiental, para la primavera "pudiera haber actuaciones de fracking",  por ejemplo en Valderredible. Es precisamente en zonas rurales como los Valles Pasiegos, Valdeolea o Valderredible donde los vecinos y vecinas han dejado claro en diversas ocasiones que no piensan permitir la entrada de un solo camión, aunque se trate de actividades de investigación y no de explotación.

El trabajo de la Asamblea sigue centrado en informar a  la ciudadanía y fomentar la movilización popular. El 31 de enero se entregarán las alegaciones a la realización de un pozo de sondeo en San Martín de Toranzo por parte de Repsol y, al día siguiente, se plantarán árboles en la misma finca donde Repsol quiere perforar.

[Información e imagen extraídas de Diagonal]

Territorio: