San Gloriu: el Supremo da la razón a los grupos ecologistas

Redacción.
| 05.04.2012

san_gloriu_vivoEl Tribunal Supremo ha dado la razón a los grupos ecologistas en el caso que afecta a San Gloriu, ratificando las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El Tribunal dice que no hay informes que avalen el cambio en el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Fuentes-Carrionas) original que prohibía la construcción de estaciones de esquí alpino y ratifica las sentencias del TSJCyL que ya dictaminaron en su día que el cambio, que permitía la estación de esquí, fue injustificado e ilegal.

 

"La Junta de Castilla trató de evitar la defensa de la parte contraria"

Desde la 'Plataforma en Defensa de San Glorio' señalan la "paradoja" de que entre un fallo y otro, la Junta, "para evitar someterse al poder judicial (los jueces), utilizó el poder legislativo (las cortes), aprobando una ley exactamente igual al decreto que hoy el tribunal supremo ha dicho que no es válido". Mediante la aprobación de esta Ley, lo que hace es "impedir que los particulares o las asociaciones puedan recurrir ante el juez". Así, denuncian, "la Junta de Castilla y León, sabedora de no tener la razón, eligió el camino del totalitarismo que no es otro que no dejar hablar, no dejar defenderse a la parte contraria", en este caso, las asociaciones ecologistas que mantenían un pleito por este asunto. Y es que por vía legislativa no cabe que los particulares o las asociaciones interpongan recurso ante los tribunales ordinarios de justicia ya que contra una ley sólo se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad y esto sólo lo puede hacer el Defensor del Pueblo, 50 diputados o el Presidente del Gobierno.

De esta manera, por ley, se busca solo tener éxito, conseguir un fin económico, sin atender a razones jurídicas, con lo que este acto "dinamita el derecho mismo ya que se niega a los particulares y asociaciones el derecho fundamental a defenderse". Según denuncia la PDSG, esto "ofende y niega cualquier posibilidad de justicia, creando una sensación, ya no solo entre los implicados en este asunto, sino entre cualquier persona de bien, esté a favor de la estación de esquí o no, de falta de libertad y de falta de defensa de los valores esenciales en cualquier democracia".

Actúa en este caso "como agravante" de esta actitud el "empecinamiento por favorecer un proyecto privado, que derrocharía fondos públicos, recursos, que hoy más que nunca deben ser empleados correctamente".

"8 años en tribunales sin buscar alternativas"

Los colectivos conservacionistas creen que "no es ejemplo de buen hacer el dilapidar más de 8 años en tribunales sin buscar alternativas para el desarrollo sostenible de la zona, sin haber dado más opciones, sin hacer estudios rigurosos", y ofrecen como ejemplo "el incumplimiento de la obligación legal para la Junta de redactar los instrumentos de ordenación y gestión del Parque Natural durante 13 años desde la aprobación del PORN".

"No es ejemplo de buena gestión, querer participar con el dinero de todos en la empresa privada que se formaría para la gestión de la estación, que como decimos es ilegal y económicamente inviable".

Aunque el tribunal Supremo ya ha señalado que es una actuación injustificada e ilegal, la gestión de este tema está siendo "lamentable" y a pesar de las palabras del consejero castellano de Fomento "el tema aún está muy lejos de resolverse", advierten. "Hay que recordar a este mismo consejero que estamos inmersos en una crisis creada precisamente por proyectos megalómanos, sin ninguna rentabilidad, ilógicos e Injustificados como éste".

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