El Parlamento de Cantabria aprueba debilitar el Plan de Ordenación del Litoral

Adrián G. Gómez. Redacción
| 26.11.2013

El proyecto de ley para modificar el Plan de Ordenación del Litoral (POL) fue aprobado ayer, por la mayoría absoluta del PP, durante el pleno del Parlamento de Cantabria. Esta modificación permitirá el uso de suelo rural de la costa cántabra para, según la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, orientar las "estrategias de crecimiento urbanístico" y la "implantación de infraestructuras”, “dinamizando” los núcleos rurales.

El POL fue aprobado en 2004 con unas determinaciones similares a las del Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT). Su objetivo, según fuentes institucionales, es asegurar una protección efectiva e integral al área costera de Cantabria, a la par que se promueve el “desarrollo sostenible y equilibrado en el que el crecimiento económico, las demandas sociales y los valores ambientales del territorio resulten compatibles a largo plazo”.

Ya al principio de su mandato, Ignacio Diego había manifestado claramente que priorizaría "el turismo y la construcción". Diego manifestó querer “reactivar el sector de la construcción” y decirlo “sin ningún complejo”, sustentándose en el desempleo que el pinchazo de la burbuja ha generado. “Quiero hacer normas claras, una legislación lo más concreta posible que aporte seguridad jurídica y la mayor satisfacción generalizada”, anunció. Para concluir anunciando que “hay que reformar la Ley del Suelo para generar dinámicas de tramitación garantistas y ágiles”.

Esta reforma va a "favorecer la masificación urbanística"

La asociación ecologista ARCA advirtió en su día de que la modificación del POL era "fraudulenta" traería "más sentencias de derribo", denunciando que no se ha sometido a evaluación ambiental. Anunció que "estudiarían" si acudir a los tribunales para invalidar la propia ley.

Por su parte, EQUO Cantabria considera que la intención de esta modificación es “aplicar criterios menos restrictivos a la hora de proteger los valores de la zona litoral”, desvirtuando así la idea original del POL. El colectivo verde ha expresado su preocupación, pues esta reforma puede “favorecer un proceso de masificación urbanística” y permitir que las costas cántabras se sigan utilizando con fines de “especulación y clientelismo político”.

El partido ecologista ha señalado también que el Gobierno de Ignacio Diego ha desatendido por completo todas las indicaciones medioambientales que se habían propuesto, como el desarrollo de un procedimiento de Evaluación Ambiental de Planes y Programas; el estudio del consumo de suelo, energía y la generación de residuos; o la evaluación de costes y beneficios económicos, medioambientales y sociales. En lugar de todo esto, el Ejecutivo ha presentado un “simple informe” del director general de Medio Ambiente.

Además, el Gobierno de Cantabria ha desoído también las observaciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, relativas a incorporar una estimación de las necesidades en cuanto a la demanda de agua y un análisis de las necesidades en cuanto a saneamiento y depuración.

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