La nueva legislación eólica variará la forma pero mantiene el fondo del modelo de desarrollo

Alba H. R. Redacción.
| 20.02.2013

eolicosEl anteproyecto de Ley eólico para Cantabria que el Gobierno presentó la pasada semana augura modificaciones relevantes en lo que atañe al futuro del desarrollo eólico en el conjunto del territorio. A través de él, el Ejecutivo cántabro pretende establecer un nuevo régimen jurídico que afectaría a la construcción, explotación, ampliación, modificación, transmisión y cierre de parques eólicos, y regularía las autorizaciones a obtener.

Entre los múltiples cambios que refiere, la nueva regulación “deja sin efecto” el concurso eólico convocado en 2009 y que el TSJC anuló el año pasado. Dicha anulación fue recurrida por las empresas adjudicatarias, y de resolverse el fallo a favor de éstas las indemnizaciones a pagar por el Gobierno podrían alcanzar cifras más que cuantiosas.

Asimismo, introduce la necesidad de una autorización administrativa previa que cada promotor deberá solicitar a Industria, siendo una Comisión de Valoración la encargada de adjudicar “a dedo” cada parque, como denunciaba la Plataforma en Defensa de los Valles del Sur de Cantabria. En boca del Presidente Ignacio Diego, este “análisis individualizado” de cada solicitud permitirá seleccionar la mejor propuesta “mediante criterios objetivos y fácilmente cuantificables”, entre los cuales se encuentra la posible valoración de la aportación económica que hagan los solicitantes para el Fondo de Compensación Ambiental y la Mejora Energética que prevé el proyecto de ley.

Según el Gobierno, que dio a conocer su determinación sobre el asunto a través de un comunicado de prensa, este cambio en la legislación establece además “un nuevo régimen jurídico” para la instalación de parques eólicos e introduce la “necesaria seguridad jurídica” referente a la asignación de potencia que responde a la situación de “incertidumbre” generada tras el concurso eólico y por la gestión del Ejecutivo anterior.

Paralelamente a esta norma, el Ejecutivo ha trabajado durante los últimos dos años en el Plan de Sostenibilidad Energética 2011-2020, que se encuentra en tramitación tras su presentación en abril de 2012, y que establece una potencia eólica de 707 megavatios y la instalación de 246 aerogeneradores, 107 menos que los previstos en el primer plan.

Por su parte, el presidente de la Asociación Eólica de Cantabria (compuesta por las empresas del sector), Manuel Huerta, se mostró satisfecho por el cumplimiento de los plazos comprometidos por el Ignacio Diego para elaborar la Ley, y recalcó el valor de la “seguridad jurídica” que aporta la resolución para evitar las posibles dificultades con las que el desarrollo eólico pueda toparse.

PSOE denuncia y advierte

La secretaria general del PSC-PSOE, Eva Díaz Tezanos, no tardó en advertir de las “consecuencias económicas para las arcas públicas” en que puede abocar el dejar sin efecto el concurso eólico de 2009 ya que, de resolverse el recurso de manera favorable a las empresas adjudicatarias, “Cantabria tendría que pagar indemnizaciones millonarias que saldrían de nuestros impuestos”.

A la vez, denunció que el anteproyecto de ley presentado encauza hacia la adjudicación “directa y sin concurrencia” de los parques eólicos.

Para Díaz Tezanos, el propósito presentado por el Gobierno no es más que “la vieja fórmula del compadreo entre empresas y políticos, del intercambio de favores y la laminación de la libre competencia que se produce en un concurso”, y denuncia un texto que dice que “elimina los filtros de técnicos independientes que, como en el concurso convocado por el Gobierno anterior, fueron los encargados de valorar los distintos proyectos presentados”.

La portavoz social-liberal afirma que la elaboración de la normativa por parte del Gobierno se vio guiada por “por su deseo de venganza política” y acusa al Ejecutivo de “hacer perder a Cantabria la oportunidad de mantenerse en primera línea del desarrollo de las energías renovables, tanto la eólica como mareomotriz”.

Críticas de la Plataforma para la Defensa de los Valles del Sur de Cantabria

La Plataforma también ha expresado mediante una carta al Presidente Ignacio Diego su desaprobación hacia el Plan de Sostenibilidad energética de Cantabria (PLENERCAN) y el Anteproyecto.

En ella defiende “el derecho de la Plataforma a ser parte en la elaboración de tal norma, elaboración que, por diversas razones cree amenazada por intereses ajenos a los de la mayoría”, y declara de “urgencia social” la “disposición de una correcta norma energética legalmente tramitada y adecuada a las necesidades reales”.

Además, la Plataforma exige “iniciar un nuevo trámite del PLENERCAN que propicie una amplia y eficaz información pública y potencie una real participación ciudadana, que deberá tomar forma en un amplio debate público en el que intervengan todas las razones e intereses en litigio”. Afirma que el Plan de Sostenibilidad permite la implantación de una “desmedida carga eólica” y da pie a un “uso abusivo” de un recurso energético cuyo carácter renovable es dudoso, y “cuya falta de planificación está haciendo que, además, sea insostenible por el daño que causa en la biodiversidad y otras fuentes del desarrollo de las zonas afectadas”.