Grupos ecologistas denuncian la gestión ambiental del PP y prevén la "ruina económica y del territorio"

Carmen T.
| 03.02.2014

Sierte organizaciones ecologistas de Cantabria (ARCA, Ecologistas en Acción, Mortera Verde, Acanto, Fundación Naturaleza y Hombre, SEO/Birdlife y Fundación Oso Pardo) dan la voz de alarma con respecto a la situación medioambiental de nuestro territorio. En una rueda de prensa ofrecida la semana pasada, representantes de cuatro de los siete grupos lamentaron el “retroceso de décadas” que han experimentado las leyes autonómicas a manos de la gestión del PP, y advierten que, de no rectificarse, traerán consigo la “ruina económica y del territorio”.

La situación de peligro y el retroceso se deben a factores diversos, entre los que destaca la recientemente aprobada reforma del Plan de Ordenación del Litoral (POL), una modificación que en su día ARCA calificó de fraudulenta y de “rayar la prevaricación”. Con el nuevo POL se debilitan las medidas protectoras del litoral cántabro en favor de políticas de construcción agresivas y dañinas, pertenecientes a un modelo ya “fracasado”, y que facilitarían la construcción de viviendas en suelo rústico.

A la “desmantelación” de la ordenación del territorio que supone el POL se le unen la debilitación de la Ley del Suelo de Cantabria y la paralización del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT). Carlos García, presidente de ARCA, no oculta su indignación ante una gestión del medio ambiente que parece obedecer a intereses inadecuados, afirmando que “es imposible hormigonar todo el territorio” y extrapolando la situación de Cantabria a Europa, donde el suelo rústico es “un bien” que “se defiende a ultranza”.

Según se ha hecho notar en la rueda de prensa, los procedimientos del PP no son nocivos solo en cuanto a readoptar políticas de construcción agresivas, sino que también pasan por la “paralización” o incluso “desaparición” de aspectos reguladores de asuntos tan importantes como las energías renovables, el tratamiento y gestión de residuos o el problema del cambio climático.

La poca importancia concedida a estas políticas se traduce en talas descontroladas, proliferación de residuos y falta de control(es) ambiental(es) en las grandes empresas afincadas en Cantabria. La biodiversidad, añaden, es otra “cuestión secundaria u olvidada”, y los espacios naturales protegidos, lamentan, se están dejando “morir lentamente”. Por último, la reciente suspensión de la ley cántabra contra el ‘fracking’, una “amenaza inminente” para gran parte de Cantabria, agrava la precaria situación de nuestro medio ambiente.

Por todo ello, estos siete colectivos exigen "transparencia" y coherencia, y pretenden, en primer lugar, “restituir lo que había”, ya que, según lamenta García, lo conseguido “tras décadas de lucha... se ha echado atrás”. A continuación, consideran, deberían comenzar a adoptarse acuerdos europeos como el de la reducción de gases, el ahorro de consumo energético o el aumento de las energías renovables (todo ello en un 20%) que ayuden a frenar el efecto invernadero y contribuyan a ir avanzando hacia una Cantabria verdaderamente sostenible.

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