EQUO reclama un cambio en la política ambiental y de ordenación territorial

Marcos M.R. Redacción
| 25.11.2012

EQUO Cantabria, a través de su co-portavoz Raúl Reyes, ha solicitado una nueva política de ordenación territorial y ambiental para Cantabria ofreciendo su colaboración al Ejecutivo cántabro para lograr que el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) se tramite de forma ”urgente y satisfactoria” para todos los cántabros, contando con la “necesaria” participación popular y sea edificado “sobre la protección de los valores ambientales y patrimoniales de la comunidad autónoma”.

Sin embargo manifiestan su “temor” a que este objetivo esté “muy lejos” de las pretensiones del Gobierno de Ignacio Diego “si nos atenemos a la reforma operada en la Ley del Suelo, a las nefastas consecuencias ambientales y urbanísticas de los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR), o a la intransigente obcecación en promover proyectos como el del teleférico de Castro Valnera”.

Reyes ha recalcado que, a juicio de EQUO,  “El PROT acumula once años de injustificado retraso y se está impidiendo el aprovechamiento del potencial territorial de Cantabria para la promoción del empleo verde y el necesario cambio de modelo productivo”.

Felicitación a ARCA y Ecologistas en Acción por sus victorias judiciales

El partido ecologista ha felicitado a Ecologistas en Acción y ARCA por sus recientes victorias judiciales “en defensa del Parque Natural de Oyambre y de una ordenada implantación de la energía eólica en la comunidad autónoma” después de conocerse dichas sentencias judiciales que dan la razón a los grupos ecologistas.

Reyes valora como “muy positivo” el trabajo y esfuerzo de los dos colectivos, a la vez que rechazando la “prepotencia” de los últimos gobiernos de Cantabria, que “sistemáticamente han ignorado sus advertencias y cosechado decenas de sentencias judiciales anulando sus actuaciones.”

EQUO "pone en valor" el hecho de que los Juzgados y la Sala de lo Contencioso hayan puesto en duda reiteradamente los planes y proyectos del Gobierno autonómico y “muy especialmente” las irregularidades realizadas en su tramitación ambiental.

Además, consideran que, tras las últimas sentencias referentes a Oyambre y al concurso eólico, “no pueden eludirse las responsabilidades políticas y/o penales de las personas que tuvieron responsabilidad de gobierno cuando se ejecutaron dichos proyectos ahora anulados judicialmente.”


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