Cinco organizaciones ecologistas exigen a Rajoy que aclare si modificará la ley para "privatizar la costa"

M. M. R. Redacción.
| 12.10.2011

derivados_del_fluor_onton_cantabriaEn un comunicado común, las organiaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo/BirdLife y WWF, se mostraron alarmadas por las declaraciones realizadas en Cantabria por parte del portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, en las que calificó la Ley de Costas de “utópica”, afirmó que “está mal hecha” y que Rajoy está de acuerdo en "modificarla inmediatamente".  A juzgar por las intenciones declaradas por el candidato conservador sobre dicha ley, exigen a Rajoy una aclaración sobre "si su verdadero propósito es privatizar la costa".

 

Estas organizaciones presentaron hace unos días sus propuestas a los diferentes partidos políticos para ser incluidas en sus programas electorales, y entre ellas pedían el compromiso a cumplir rigurosamente con la aplicación de la Ley de Costas, "único medio que garantiza el uso y disfrute del litoral" y sobre todo "principal traba a la privatización y el avance de la destrucción de la costa", como la acaecida en los últimos años en Cantabria.

Desde dichas organizaciones se denuncia que "la Ley de Costas parece haberse convertido, para algunos partidos políticos, en una piedra en el camino que tratar de saltar como sea con el propósito de satisfacer los intereses de determinados grupos de presión minoritarios". El objetivo de esta presión sobre la ley es modificar su articulado para legalizar su situación irregular y adueñarse definitivamente del espacio que ocupan en el dominio público marítimo terrestre y que es "propiedad de todos".

Estas últimas declaraciones realizadas por Pío García-Escudero son una prueba más del intento por parte del Partido Popular de legalizar algunas instalaciones privadas situadas en territorio público en Cantabria, contribuyendo así a degradar aún más el territorio costero cántabro, en beneficio de los intereses económicos de los grupos de presión antes citados.

En opinión de los ecologistas, "lo que se pretende ahora es utilizar como excusa la situación particular de algunas instalaciones en Cantabria afectadas por la Ley de Puertos, y para las que se podrían encontrar soluciones contempladas por la ley, abriendo una puerta que permitirá la privatización de gran parte del litoral costero", e insisten en que "la ocupación de la costa para usos que, como en este caso, pueden tener otra ubicación, no está justificada ni desde el punto de vista ambiental ni legal".

Además, estos colectivos rechazan los argumentos del PP sobre "el perjuicio económico que representa para las empresas en situación irregular la aplicación de esta norma". En este sentido, subrayan que el cumplimiento estricto de la Ley de Costas es "la única vía para prevenir los daños millonarios que provocan temporales y avenidas, así como la única posibilidad de mitigar los impactos ciertos que tendrá el cambio climático en las instalaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre".

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