ARCA: "Los antisistema están en el Parlamento y ayuntamientos cántabros, desobedeciendo sus propias leyes y sentencias"

Redacción.
| 28.05.2011

canalesEl presidente de la asociación ecologista ARCA, Gonzalo Canales, afirmó en una rueda de prensa el pasado viernes que "los antisistema" no son las personas que se están concentrando estos días en diversas plazas del Estado, sino los que están "sentados" en el Parlamento cántabro "haciendo todo lo posible para que no se cumplan" las sentencias de derribo, así como los alcaldes "que desobedecen" los autos judiciales que ordenan la ejecución de esas sentencias.

Canales ha aprovechado para felicitar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) "por el difícil trabajo que está desarrollando pese a las presiones del Parlamento". Cree que los diputados intentaron "engañar a los afectados con una ley inservible para que no les siguieran en los mítines", pero que los derribos se ejecutarán.

Por otro lado, ha señalado que es "lógico" que se retire el concurso eólico, pero que ARCA "no se fía" del PP, por lo que mantendrá su recurso judicial.

Canales se ha pronunciado así en una rueda de prensa publicada en la web de ARCA, en la que ha censurado la actitud de alcaldes y parlamentarios en relación a la ejecución de las sentencias de derribo y ha felicitado en cambio a la Sala del TSJC, concretamente en referencia a los cinco últimos autos que ha dictado la sala en relación a los procesos de ejecución de sentencias de derribo de 159 viviendas en Argoños y Arnuero.

A su juicio, en esos autos se pone de manifiesto que los alcaldes están "haciendo oídos sordos" y "desobedeciendo claramente" los requerimientos judiciales hasta situarse en una posición "casi de desacato".

Pero lo más importante, en opinión de ARCA, es que esos autos suponen un "varapalo", un "sopapo" y una "bofetada vergonzante" al Parlamento autonómico porque la Sala no llega a entrar siquiera en el fondo de la ley aprobada por la Cámara para impedir que se derriben viviendas mientras no se haya acordado la indemnización.

Según Canales, el TSJC está diciendo que esa norma -que modifica la Ley del Suelo- "es absolutamente inservible" algo que, desde su punto de vista, "sabían perfectamente" los parlamentarios cántabros cuando aprobaron el texto, ya que la regulación de la ejecución de sentencias es una competencia del Estado. En este sentido, ha acusado a éstos de "intentar engañar" a los compradores para que cesaran sus movilizaciones y para que "no les siguieran a los mítines" durante la campaña electoral.

Los derribos se ejecutarán

Además, desde ARCA han censurado que la ley es una "intromisión inaceptable" en el poder judicial y supone "vulnerar su independencia de forma clara y manifiesta". Para el presidente de ARCA se trata de un "auténtico escándalo" que "no es propio de una democracia normal" y "pone de manifiesto que los políticos que están en el Parlamento no están defendiendo los intereses generales, sino que están utilizando la Cámara para sus propios intereses partidistas".

En cualquier caso, y en vista del contenido de esos autos que insisten en la ejecución de los derribos pese a la nueva ley autonómica, Canales está convencido de que todas las sentencias se terminarán ejecutando, o al menos la intención de la asociación es hacer "todo lo posible" para que se ejecuten "completamente" todas ellas.

octubre07_072Cuatro nuevos autos en Argoñus y uno en Arnueru

De los cinco autos que ha dictado la Sala del TSJC en las últimas semanas, cuatro afectan a viviendas de Argoños. Los tres primeros se refieren a tres grupos de viviendas (33 en total) en el Camino del Portillu y, en ellos, el TSJC dice que es imposible legalizar las construcciones porque el Ayuntamiento lo ha solicitado fuera de plazo y porque, además, es incompatible con el actual Plan General de Ordenación Urbana.

Asimismo, según ha explicado Canales, la Sala reprocha al Ayuntamiento que sus incidentes de ejecución son en realidad "maniobras dilatorias", y autoriza a Tragsa a solicitar el auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado para poder proceder al derribo.

El cuarto auto alude a otras 22 viviendas en la urbanización denominada Las Llamas II (también en el Camino del Portillo, en Argoños) y autoriza de nuevo a Tragsa a recabar seguridad para derribar las viviendas, al tiempo que recuerda al alcalde la obligación de informar sobre los pasos dados para la demolición y le advierte de que, de lo contrario, será sancionado "personalmente" con una multa de 1.500 euros.

Por último, el quinto auto de la Sala se refiere a las 104 viviendas que quedan en pie en 'Playa La Arena', en Arnuero. En este caso, se recuerda al alcalde que está incumpliendo los plazos para iniciar el derribo (expiró el 28 de marzo) y autoriza a Tragsa para que lo haga.

A estos autos se añade otro sobre el proyecto de la urbanización Santa Marina, en Oyambre, donde aún no se habían llegado a construir las viviendas. El TSJC encomienda de nuevo a Tragsa el derribo de lo ya construido (aceras, calles, servicios, etc.).

En todos los casos, la Sala solicita además a los respectivos ayuntamientos que informen de su relación de bienes para proceder al correspondiente embargo para pagar a Tragsa los trabajos de derribo.

Desvío de fondos en Argoños

Por último, Canales también se ha referido a la petición que presentó hace dos años ARCA en la Fiscalía para que se investigara un posible delito de malversación en el Ayuntamiento de Argoños por el presunto desvío de fondos destinados a los derribos para realizar otro tipo de inversiones. Según ha indicado, la Fiscalía ha decidido archivar la denuncia, pero ha ordenado trasladar el expediente al Tribunal de Cuentas para que estudie si realmente hubo desvío de fondos, lo cual, en opinión de Canales, indica que la Fiscalía ve "indicios" de que pudo ser así.

ARCA vé "lógico" que se anule el concurso eólico, pero mantendrá su recurso judicial

En declaraciones más recientes, Gonzalo Canales, ha señalado que el anuncio del próximo presidente de Cantabria, Ignacio Diego, de que su Gobierno anulará el concurso eólico, "es lógico", pero ha añadido que su asociación "no se fía" y no retirará el recurso judicial que ha interpuesto contra este proceso.

Canales ha subrayado que "debe primar la seguridad jurídica" y ha abogado por que los intereses generales estén "por encima" de los empresariales. Sin embargo, ARCA tiene "más que recelo" hacia "lo que pueda hacer el Partido Popular en este tema". Como prueba de ello, ha manifestado que esta asociación no va a retirar el recurso que ha planteado contra el concurso de asignación de potencia eólica: "Hasta que no lo veamos claramente anulado y publicada esa anulación en el Boletín Oficial de Cantabria no nos vamos a fiar para nada".

 

[Foto de Canales por MuchoCastro.com]

[Foto de Argoñus del archivo de EnfoCant]

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