ARCA advierte: la modificación del POL es fraudulenta y traerá consigo más derribos

Carmen T. Redacción.
| 23.10.2013

En un comunicado publicado ayer en su página web, la asociación ecologista ARCA denunció que la tramitación para modificar el Plan de Ordenación del Litoral (POL) supone un fraude a la Ley de Evaluación Ambiental Integrada. La organización ha expresado su descontento y preocupación, advirtiendo que, de aprobarse esta norma en el Parlamento cántabro, “traerá consigo más sentencias de derribo”.

La medida, aún pendiente de aprobación, viola la Ley de Evaluación Ambiental Integrada del territorio. Ésta exige un estudio previo de los posibles efectos medioambientales que puedan producir los planes y programas a desarrollar, pero no se ha llevado a cabo ningún tipo de examen. Desde ARCA confían en que el Parlamento no ampare lo que consideran un “fraude” que “alejaría a Cantabria de la senda del desarrollo sostenible”, aunque anuncian que estudiarán el caso de cerca, tomando medidas si llegase a ser necesario.

El presidente de ARCA, Carlos García, explicó que el Director General de Medio Ambiente pretende evitar la Evaluación Ambiental para esta modificación del POL escudándose en meras impresiones, pero sin aportar ningún informe o prueba real. García afirma que semejante resolución “raya la prevaricación”, y denuncia que lo que se pretende con la modificación del POL es abrazar de nuevo políticas de construcción anteriores, mucho más permisivas, y cuya nocividad ya ha quedado demostrada con el tiempo. ARCA también critica a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que ha hecho la vista gorda ante estos actos, acatando “dócilmente” los deseos del gobierno.

El asunto resulta especialmente delicado porque el POL es la herramienta principal de protección de un área “tan sensible como la costa de Cantabria”. Se ha podido comprobar que, desde que se aprobó hace casi diez años, la situación del litoral cántabro ha mejorado significativamente, habiéndose restringido la construcción en zonas indebidas y protegiéndose la costa de atentados contra la naturaleza. Si la nueva norma entrase en funcionamiento, se reduciría drásticamente la eficacia del plan. Como alternativa verdaderamente sostenible, ARCA propone apoyarse en “un sólido marco de ordenación del territorio” que sea coherente con las políticas de biodiversidad, energía, industria, cultura, etc, que deben encajar en ese modelo.

Desgraciadamente, la construcción de viviendas ilegales en terreno no urbanizable es ya un mal conocido en el territorio cántabro. Ayer mismo, el presidente del Gobierno, Ignacio Diego, junto con el Consejero de Medio Ambiente Javier Fernández, anunciaban la próxima demolición de 140 viviendas ilegales en El Cuco, Piélagos (en la imagen). Aunque la urbanización fue declarada ilegal en 2007, el plan parcial gracias al que fueron construidas tardó cuatro años más en anularse, y ahora no se demolerán hasta 2014, tras lo que se procederá a la regeneración del espacio. Pese a todo, Fernández ha añadido que no se renunciará al aprovechamiento urbanístico de la zona, aunque todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo al respecto.

Territorio: