ARCA acusa a Gobierno y Parlamento de promover la corrupción urbanística

Redacción
| 14.04.2011

tolupielagosEl Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó el pasado 21 de marzo por unanimidad la reforma de la Ley del Suelo, que condiciona la ejecución de las sentencias de demolición a que las administraciones quieran o puedan pagar una indemnización. ARCA califica esta medida de "electoralista" y "patada al Estado de derecho", advirtiendo de que "promueve la corrupción urbanística". Los ecologistas han exigido responsabilidades a Revilla -responsable de urbanismo cuando se otorgaban estas licencias- y piden a los cántabros que tengan en cuenta este consenso parlamentario alrededor del "desaguisado" antes de votar en las próximas elecciones.

 

 

La diputada conservadora María José Sáenz de Buruaga explicó que su grupo había respaldado la reforma por ser "mejor que la nada", ya que la norma promovida por los social-liberales y regionalistas era "inútil" e "inservible" y estaba, además, "vacía", por lo que se le ha dado "la vuelta como a un calcetín", haciendo "todo lo que estaba en sus manos" para solucionar la situación de los dueños de estas viviendas, en su mayor parte segundas residencias de nivel adquisitivo medio-alto, para personas venidas de otras Comunidades.

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón (PRC) ha apelado a la "buena voluntad de todos" (administraciones desde las que se concedió la licencia y nadie ha respondido por sus responsabilidades, afectados que compraron en un espacio masificado y con gran impacto urbanístico, los tribunales, e incluso los querellantes) para solventar una situación en la que los propietarios eran en su mayoría "desconocedores" del problema, sin especificar si van a reformar la ley para que su desconocimiento retroactivo exima de su cumplimiento.

ARCA valora la condena al alcalde de Piélagos pero pone en duda la legalidad de la reforma legal, afirmando que "promueve la corrupción urbanística".

Por su parte ARCA, que tiene un apartado interactivo en su web con todas las sentencias de demolición conseguidas, recientemente calificaba de "tremendamente positiva" la sentencia que condena al alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), a un año y medio de prisión por prevaricación urbanística. En opinión de los ecologistas, el fallo del tribunal es "muy positivo" porque "pone en valor" la Ley del Suelo estableciendo que vulnerarla "tiene consecuencias".

Sin embargo, en relación con la reforma de dicha ley, el presidente de ARCA Gonzalo Canales ha acusado al Gobierno y el Parlamento autonómico de "promover la corrupción urbanística" porque "envían mensajes de que es impune incumplir la ley", con reformas pretendidamente retroactivas. Además, han señalado que es una ley "absolutamente inservible" por vulnerar la legislación básica del Estado, que establece que para condenar el daño ha de ser efectivo. "Si de verdad hubiera voluntad política" las medidas se habrían adoptado hace meses consignando partidas en los presupuestos autonómicos para indemnizar a los propietarios de las viviendas ilegales, legislando para que "al día siguiente de los derribos" los afectados percibieran las indemnizaciones. La asociación ecologista cree que han querido "quitarse de encima" a los afectados ante la proximidad de las elecciones, calificando la iniciativa de "electoralista" porque a los políticos "no les importa el medio ambiente ni la gente" sino "sólo su interés partidista"..

Canales cree que la finalidad de la última reforma de la Ley del Suelo que ha aprobado el Parlamento es "incumplir las sentencias firmes de demolición, retrasándolas sine die", lo que supone "una patada al Estado de derecho". ARCA ha criticado también que nadie en el panorama mediático-político "pida responsabilidades ante el desaguisado urbanístico" y ha demandado la dimisión del presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, responsable de Urbanismo cuando gobernaba el PP, Además, esta asociación cuestiona a Revilla porque "ha nombrado a José María Mazón" que, según denuncia Canales, "está encargado de cargarse la legislación urbanística de Cantabria". El presidente de ARCA ha pedido a los cántabros que ante las próximas elecciones "tomen nota de la actuación de los políticos".