La Fiscalía pide multas para los acusados de increpar a Wert

Marcos M.R. Redacción
| 17.11.2012

La Fiscalía ha pedido multas de entre 60 y 90 euros para las cinco personas denunciadas por la Policía Nacional en la protesta sucedida el pasado mes de julio en el Palacio de la Magdalena a causa de la visita del Ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Los acusados -dos estudiantes, un parado, una viuda con un hijo a su cargo y un miembro de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública- manifestaron este viernes en el Juzgado de instrucción nº 5 de Sanander, que los insultos que lanzaron ese día contra Wert iban dirigidos no a la persona, sino al cargo que ostenta, se declararon inocentes y afirmaron que si de algo son culpables es de defender la Enseñanza Pública frente a los recortes del Gobierno.

Una sexta persona fue denunciada en aquella protesta, pero al ser menor de edad, no sigue el mismo cauce.

A las puertas del complejo judicial, varias decenas de personas de diferentes movimientos sociales de Cantabria se concentraron en apoyo a los denunciados.

Eloy Baró, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública declaró que la denuncia fue fruto de una “consigna política” y aseguró que la denuncia de la Policía Nacional contra estas personas no está justificada porque "no hubo ningún incidente ni acto violento".

Los agentes denunciantes, que formaron parte del operativo que la Policía Nacional articuló en el Palacio de la Magdalena con motivo de la concentración de protesta por la visita de Wert, explicaron que al llegar el ministro, los cinco denunciados pronunciaron "insultos graves" contra las autoridades presentes, centrándose especialmente en la figura del ministro, al que llamaron "hijo de puta, chorizo, ladrón". Los policías aseguran que los jóvenes gritaron, entre otras cosas, "Wert, tendrías que estar muerto" y "colgado de un árbol estarías mejor".

Los acusados se mostraron de acuerdo con la declaración de los agentes aunque con "matices", salvo Oscar Manteca, miembro de Democracia Real Ya, quien aseguró que los policías le identificaron "antes de que sucedieran los hechos" y que le dijeron que era "escoria del 15M". Según su declaración, Manteca no se dirigió al Ministro, sino al Consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, al que llamó "mamporrero del Opus Dei, meapilas y churraconfesionarios". Su objetivo, dijo, era "insultar sus políticas a favor de la segregación y la secta religiosa a la que pertenece el Consejero".

La viuda, María Luisa González, expuso que como "madre preocupada por el futuro de su hijo", acudió a la protesta para manifestar su "descontento" ante el deterioro de uno de los "pilares básicos" del Estado de Bienestar, como es la educación que "se está desmoronando" y se va "a pique", dijo. "En el fragor de la protesta, todos perdimos un poco los papales, pero no eran insultos personales, sino a la cartera de Wert y sus políticas", agregó.

En la misma línea se manifestaron tanto el estudiante Alfonso Javier Riancho, y el parado Manuel Fernández, miembros de PCPE-CJC, como el estudiante Pablo Lobete, miembro de Regüelta. Los tres incidieron en que la protesta fue "en todo momento pacífica y no hubo ningún incidente".

Posturas de la Fiscalía y de la Defensa

Para los cuatro últimos la Fiscalía pide una multa de 60 euros (15 días a razón de cuatro euros diarios) y para Oscar Manteca, 90 euros (15 días a razón de seis euros al día). El fiscal afirma que "la forma de manifestarse y luchar por lo que uno quiere no es el insulto", que "debe defenderse la protección del principio de autoridad", y que los insultos que se profirieron ese día iban contra la persona.

Por su parte, la abogada defensora afirmó que en este caso entran en conflicto la dignidad de la persona y el derecho de libertad ideológica y de libertad de expresión, y cuando eso ocurre, el Tribunal Constitucional ha dictaminado en repetidas ocasiones que "hay que observar tiempo, lugar y persona". En este sentido, recordó que los hechos sucedieron en una concentración contra la política educativa del Gobierno, en la que participaron más de 50 personas, subrayó que "el límite de las críticas a los cargos públicos es más amplio que para el resto de personas", y añadió que la libertad de expresión "ampara" las críticas constructivas y también aquéllas que "puedan molestar".