Cantabria, en rojo por la exclusión de atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular

Alba H. R. Redacción.
| 05.12.2012

sanidad_inmigrantesTres meses más tarde de la entrada en vigor de la Reforma Sanitaria, la heterogénea aplicación de una sus medidas más polémicas, la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas migrantes en situación irregular, se está realizando en los distintos territorios del Estado de manera caótica. Médicos del Mundo ha denunciado este hecho, apoyándose en la elaboración de un informe que recoge la puesta en práctica de esta reforma en cada comunidad autónoma.

La organización hace uso de los colores del semáforo para clasificar los territorios en tres grupos en función de la situación de adhesión a la medida de sus hospitales y centros de salud. El resultado es un desconcertante mapa del Estado teñido de rojo, amarillo y verde de manera irregular.

 Cantabria iluminada de rojo

Calzando el rojo, nueve autonomías, entre ellas Cantabria, acatan el decreto rigurosamente. Tras la entrada en vigor del documento, el Servicio Cántabro de Salud ha retirado la tarjeta sanitaria a casi cinco mil migrantes en situación irregular.

Las otras ocho comunidades son La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Murcia, Baleares, y Canarias. En todas ellas se niega la atención sanitaria a las migrantes en situación irregular, ofreciendo únicamente atención de emergencia, a menores y mujeres embarazadas. En algunos centros de salud se han reportado casos en que "incluso se ha ido más allá", como ocurrió en Tenerife con Mercedes, una mujer 22 años, embarazada de alto riesgo por padecer diabetes, a quien se denegó la atención dada la situación administrativa irregular en que se encontraba, y no se le realizó la primera ecografía hasta las 20 semanas.

Sin embargo, en otras cuatro autonomías, Asturies, País Vasco, Catalunya, y Andalucía, se ha rechazado la aplicación del decreto y se han puesto en marcha herramientas para asegurar que el colectivo excluído pueda recibir atención en todas las circunstancias. De entre ellas, País Vasco y Andalucía han interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra la normativa.

A pesar de todo, Médicos del Mundo insiste en que en todas las comunidades autónomas, incluso en las calificadas con el color verde, se han reportado situaciones de denegación de asistencia, aunque en algunos casos la disposición a darles solución haya sido favorable.

Además también existe diversidad en la aplicación dentro de las mismas autonomías, puesto que, por ejemplo, en algunas se ha decidido que sea el personal administrativo, y no el sanitario, quien se encargue de catalogar de urgente o no cada caso particular, mientras en otras este papel recae sobre la jefatura del servicio, o responde a órdenes implícitas de las gerencias provinciales.

El miedo no permite hacer un balance real de la situación

Fuera de las condiciones caóticas en que se está llevando a cabo la reforma, Médicos del Mundo denuncia que este decreto "supone una vulneración del derecho humano a la salud", además de "colisionar con los Estatutos de Autonomía de algunas comunidades autónomas".

La organización también advierte de la dificultad para recoger todos los casos en que el derecho a la salud se haya visto vulnerado, puesto que en muchos casos el miedo y la falta de confianza lleva a las migrantes a no reportar su situación a las entidades que trabajan en esta problemática.

Asimismo, a pesar de lograr ser atendidas en un momento de necesidad, muchas personas no pueden afrontar el coste de la medicación que en muchas ocasiones precisan, imposibilitándose la adherencia al tratamiento prescrito.