Alrededor de 400 miembros del Colegio de Abogados de Cantabria han pedido la derogación de la Ley de Tasas

Adrián G. Gómez.
| 19.11.2013

El Colegio de Abogados de Cantabria, ha realizado en el día de ayer a las 12 de la mañana una concentración en contra de la Ley de Tasas frente a las sedes judiciales de Sanander y Torlavega. Alrededor de 400 abogados han pedido al Gobierno del Estado que derogue esta ley o, al menos, la modifique radicalmente, porque las personas con "falta de medios" están dejando de acudir a los tribunales en circunstancias propicias para ello, debido a que no pueden permitirse el pago de las tasas.

Jesús Pellón, el decano del Colegio de Abogados, compareció en una rueda de prensa junto a otros miembros de la Junta Directiva para explicar detalladamente los “efectos demoledores” que está generando esta ley en los derechos fundamentales de la población.

Según Pellón, las personas con “falta de medios”, están dejando de acudir a los tribunales en circunstancias propicias para ello, debido a que “no pueden” permitirse el pago de “hasta 1000 euros en tasas”. Del mismo modo, se está generando “cierta impunidad de las administraciones públicas”, pues muchas personas a las que se les abre un expediente o impone una multa no recurren para evitar abonar tasas que a veces pueden llegar a costar más que lo que les reclaman.

“Esto desgraciadamente establece una justicia en la que los ricos pueden hacer valer sus derechos”, dejando a los más desfavorecidos en una situación “injusta” y de total resignación.

El decano del órgano colegiado ha recalcado que la abogacía “no puede consentir” esta violación de los derechos de los ciudadanos y que no están solos, pues ya ha habido muchas personas y sindicatos que han recurrido esta ley ante el Tribunal Constitucional.

Gran parte de la población no puede defender sus derechos

Desde que esta ley está en vigor, se ha registrado, según el Colegio de Abogados, una bajada a nivel estatal del 30% en la cantidad de casos en el ámbito contencioso-administrativo y un 40% en las causas civiles.

Pellón recalcó que esto es una muestra de los efectos de la ley, que hacen que una gran parte de la ciudadanía no pueda defender sus derechos a causa de estas “excesivas” tasas impuestas.

Más promesas incumplidas

El Gobierno prometió en su día que esta ley reportaría entre 150 y 200 millones de euros que se destinaría a mejorar la prestación del servicio de justicia gratuita. Sin embargo, ha declarado Pellón, en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 no hay ninguna referencia a esta promesa.