Grupos ecologistas realizan una apelación al proyecto eólico de Celada-Marlantes

Adrián G. G. Redacción.
| 25.06.2013

ARCA y la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria han formulado una apelación al cierre del caso judicial sobre la inadecuación de la instalación de un aerogenerador en Celada-Marlantes. Las organizaciones ecologistas consideran que el “sobreseimiento provisional y el archivo” de la causa no es ajustado al Derecho y es lesivo para los “intereses particulares y, en especial, generales”, haciendo peligrar gravemente gran parte del patrimonio histórico-cultural protegido de la zona (castros prerromanos y yacimientos de las Guerras Cántabras).

La apelación alude a las irregularidades llevadas a cabo en la valoración de los impactos, pues no es legal que la Consejería de Medio Ambiente decida no realizar un Estudio de Impacto Ambiental en un caso como este. Más aún teniendo en cuenta los tres proyectos descartados por la misma Consejería en pos de la defensa del patrimonio cultural de la zona (Plan Director Eólico Cotío, Parque Eólico Celada y Permiso de Investigación Marlantes).

Es también llamativa la aplicación del concepto legal de “entorno de protección”, pues el camino de acceso al lugar de instalación del aerogenerador es física y literalmente colindante con el límite geográfico de protección del Castro de las Rabas, obviando que en ese concepto mencionado, consta la protección del paisaje colindante por poder afectar a la contemplación y valoración de yacimientos o patrimonio histórico.

Por parte de la empresa eólica interesada en la instalación del aerogenerador, VESTAS, se sabe que había firmado ya en 2009 un acuerdo con el Gobierno cántabro y la UC para realizar este proyecto; convenio que no se ha presentando en las Diligencias del juicio y que los colectivos verdes insisten en que se muestren para comprobar si las autoridades públicas cometieron el delito de tráfico de influencias.

Por todo esto, los ecologistas solicitan al Juzgado de Rinosa que se aporte toda la documentación necesaria para entender el contexto y la realidad del caso así como el requerimiento del Consejero de Cultura, del de Industria y de la empresa VESTAS para aclarar las posibles infracciones que se hayan dado a la hora de adjudicar el proyecto en cuestión.

 

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